El pasado verano, medio año después de que Google anunciara la compra del fabricante de wearables Fitbit por 2.100 millones de dólares, la Comisión Europea puso en marcha una investigación ante el temor de que el gigante tecnológico abusara de su nueva posición y utilizara la información biométrica de los relojes y pulseras con fines publicitarios. Una vez terminadas las pesquisas, Bruselas ha dado el visto bueno a la operación a cambio de una serie de condiciones.
“Podemos aprobar la adquisición propuesta de Fitbit por parte de Google porque los compromisos garantizarán que el mercado de dispositivos portátiles y el incipiente espacio de salud digital permanecerán abiertos y competitivos”, dice Margrethe Vestager, comisaria de Competencia. “Los compromisos determinarán cómo puede usar Google los datos obtenidos para fines publicitarios, cómo se garantizará la interoperabilidad entre relojes de firmas competidoras Android y cómo los usuarios podrán seguir compartiendo datos sobre salud y deporte si así lo desean”.
Las concesiones de las que habla Vestager y que ha aceptado Google incluyen no utilizar la información proporcionada por los productos de Fitbit, incluidos datos del GPS y de salud de cualquier usuario en el Espacio Económico Europeo (EEE), para fines publicitarios. Cuando Fitbit fue comprada la compañía aseguró que Google mantendría su compromiso con la privacidad y que los datos sobre el estado de forma de sus clientes no se iban a usar para los anuncios. Ahora este deber deja de ser una promesa al viento y queda escrito en un acuerdo ante la Comisión Europea.
Además, Google debe mantener una separación técnica entre su negocio y el de Fitbit y dar a los usuarios del EEE la opción de aprobar o denegar el uso de datos recopilados por los wearables para informar a otros servicios de la compañía, incluyendo el motor de búsqueda y Google Maps. Por último, Google mantendrá el acceso gratuito a la API de Fitbit y la suya propia de Android para así poder seguir apoyando a los otros fabricantes y desarrolladores de software.
La duración de los mencionados compromisos es de diez años prorrogables a otros diez por parte de la Comisión Europea, siempre y cuando justifique la necesidad de la extensión.
