A finales del año pasado Google sacaba el talonario para pagar 2.100 millones de dólares por Fitbit, fabricante de relojes y pulseras cuantificadoras para deportistas. En ese momento los planes para su nueva filial pasaban por utilizar la experiencia acumulada para potenciar las posibilidades de wearOS (anteriormente Android Wear). Accidentalmente (o no), también ponía en manos de Google información biométrica altamente precisa de millones de personas de todo el mundo y que podría cruzarse con la capturada por los numerosos servicios de la compañía.
Cuando Google hizo oficial la adquisición de Fitbit, señaló que la información capturada por sus dispositivos no sería utilizada con fines publicitarios y que sus ingenieros solo estaban interesados en los dispositivos de la compañía, no en los datos. Para facilitar la operación, Google prometió recientemente aislar los datos biométricos de Fitbit, pero la Comisión Europea cree que las garantías de Google no son suficientes.
Margrethe Vestager, comisaria de Competencia, ha abierto una investigación en la compra de Fitbit para "asegurar que el control de Google sobre los datos recopilados a través de dispositivos" no alteran negativamente el mercado. En la nota de prensa se indica que la política de aislamiento de datos de Google es "insuficiente para descartar claramente las serias dudas identificadas" por la Comisión Europea, en parte porque las protecciones prometidas "no cubren todos los datos a los que Google accedería".
El temor de la Comisión Europea es que Google utilice su posición dominante para explotar la información no aislada de Fitbit. Para ello investigará los efectos de la combinación de las bases de datos de Fitbit y Google en el sector de la salud digital y si el gigante de Internet puede de alguna forma "degradar la interoperabilidad de los wearables rivales" compatibles con Android una vez se finalice la adquisición de Fitbit.
Según Rick Osterloh, responsable de dispositivos y servicios de Google, la compañía "trabajará con los reguladores para dar respuesta a sus preguntas". Unas dudas que podrán ser planteadas hasta el 9 de diciembre de 2020, cuando la Comisión Europea concluirá su investigación.
