El Gobierno ha anunciado su intención de aprobar en el mes de febrero una orden ministerial que prohibirá las llamadas comerciales realizadas utilizando un número de teléfono móvil. El propósito de este cambio será "combatir las estafas que se cometen mediante llamadas telefónicas o sms", según señala la cadena SER, que cita al ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López.
Asimismo, el Gobierno también tratará de poner coto a las estafas por vía telemática haciendo que los operadores bloqueen las llamadas que no atribuidos a ningún servicio, operador o cliente, así como aquellas llamadas y SMS con un número nacional pero de origen internacional. Este tipo de prácticas (conocidas como spoofing) se han extendido durante los últimos años por la dificultad a la hora de filtrarlas, puesto que la llamada parece proceder de un teléfono español, pero muchas veces solo tiene al otro lado de la línea un robot o centro de llamadas situado en el extranjero.
Esto no quiere decir, sin embargo, que todas las llamadas comerciales vayan a estar prohibidas. Aquellas realizadas por empresas debidamente autorizadas e identificadas podrán seguir realizándolas desde números con prefijo 800 y 900.
Finalmente, el ministro ha señalado que la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia creará una base de datos con los usuarios y números que utilizan identificadores alfanuméricos como el nombre de una empresa con la intención de bloquear los "mensajes procedentes de entidades no incluidas". El ministro no ha explicado cómo funcionará este mecanismo ni cómo funcionarían sus posibles excepciones.
Cabe señalar que el Gobierno ya quiso poner coto a las llamadas comerciales no deseadas allá por 2023, y lo cierto es que muchos ciudadanos siguen recibiéndolas con la misma o incluso más frecuencia, dependiendo para su bloqueo de las funciones ofrecidas por los teléfonos móviles (algo que no siempre es posible cuando la llamada se realiza a un número fijo). La letra pequeña será clave, pero también la capacidad y el deseo del estado para perseguir a las empresas que decidan infringir la ley.
Asimismo, el Gobierno también tratará de poner coto a las estafas por vía telemática haciendo que los operadores bloqueen las llamadas que no atribuidos a ningún servicio, operador o cliente, así como aquellas llamadas y SMS con un número nacional pero de origen internacional. Este tipo de prácticas (conocidas como spoofing) se han extendido durante los últimos años por la dificultad a la hora de filtrarlas, puesto que la llamada parece proceder de un teléfono español, pero muchas veces solo tiene al otro lado de la línea un robot o centro de llamadas situado en el extranjero.
Esto no quiere decir, sin embargo, que todas las llamadas comerciales vayan a estar prohibidas. Aquellas realizadas por empresas debidamente autorizadas e identificadas podrán seguir realizándolas desde números con prefijo 800 y 900.
Finalmente, el ministro ha señalado que la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia creará una base de datos con los usuarios y números que utilizan identificadores alfanuméricos como el nombre de una empresa con la intención de bloquear los "mensajes procedentes de entidades no incluidas". El ministro no ha explicado cómo funcionará este mecanismo ni cómo funcionarían sus posibles excepciones.
Cabe señalar que el Gobierno ya quiso poner coto a las llamadas comerciales no deseadas allá por 2023, y lo cierto es que muchos ciudadanos siguen recibiéndolas con la misma o incluso más frecuencia, dependiendo para su bloqueo de las funciones ofrecidas por los teléfonos móviles (algo que no siempre es posible cuando la llamada se realiza a un número fijo). La letra pequeña será clave, pero también la capacidad y el deseo del estado para perseguir a las empresas que decidan infringir la ley.
Esta mañana ya llevo dos