El Impuesto sobre la Renta (IRPF) y las cotizaciones a la Seguridad Social –tanto las que aporta el empleado como la empresa–, sumados al IVA, imponen una carga fiscal en España sobre el sueldo medio de los asalariados equivalente al 47,8% de sus ingresos brutos. El mencionado porcentaje supone un incremento de casi cuatro puntos con respecto a 2023.
Esta es la conclusión que obtienen los expertos del Instituto Juan de Mariana en su Impuestómetro 2025, al que ha tenido acceso elEconomista.es.
Los expertos del think thank basaron sus cálculos sobre un salario que ellos consideran "promedio" de 30.237 euros brutos anuales. Así, los expertos de este documento plantean qué incidencia tendría sobre este salario las cotizaciones sociales, el IRPF y el IVA. "El ejercicio revela que el coste laboral total o salario completo abonado para emplear a un trabajador que percibe el salario medio asciende a 39.480 euros", aseguran.
Ahora, a esa cifra le extraen 9.243 euros de cotizaciones a cargo de la empresa, 1.959 euros de las cotizaciones que corren a cuenta del trabajador, 4.270 euros del IRPF y 2.942 euros del IVA. Como resultado, el acumulado de todo esto sería de 18.865 euros anuales, lo que supone ese 47,8% del coste laboral total. "Para que un trabajador pueda realizar un consumo de 100 euros, su empleador debe abonar 191,57 euros", aseguró a elEconomista.es el coordinador de estudios del think tank, Diego Sánchez de la Cruz.
En el informe se destaca que, si a este total se añaden otros impuestos de carácter municipal, como puede ser el IBI, se estaría añadiendo una carga media de 705 euros al año por contribuyente.
Según los últimos datos que se tienen sobre el salario medio en España, en 2022 se situaba en 26.948,87 euros brutos anuales, o lo que es lo mismo, 1.987 euros brutos. En cambio, el instituto estadístico español cifró en septiembre del año pasado el salario medio bruto en España en 2.128,4 euros al mes (unos 1.924,92 euros netos), lo que correspondería a un salario medio bruto anual de casi 27.000 euros.
La carga fiscal en España ha ido incrementándose desde el año 2018. Según remarcan en el estudio, entre 2019 y 2023 (el tiempo que lleva Pedro Sánchez en el Gobierno), la presión fiscal se incrementó en España en 1,9 puntos sobre el PIB, mientras que en el conjunto de la Eurozona se registró un descenso del 0,9% y en la UE sufrió una contracción del 0,1%. Así, a cierre de 2023, la carga fiscal en España era del 36,8%, en el conjunto de países de la moneda única se quedó en el 40,4% del PIB desde el 41,3%del año anterior y en los veintisiete bajó del 40,9% al 39,8%del PIB.
En el Informe Anual sobre Fiscalidad elaborado por la Comisión Europea, en 2022 destacan que "el incremento más significativo se ha producido en España". En concreto, casi tres puntos porcentuales con respecto al año anterior.
Con respecto a esto, es reseñable el informe que emitió Funcas a mediados de abril de 2024, en el que resaltan que la presión fiscal de los cuatro impuestos de mayor peso sobre la recaudación alcanzó en 2022 el 18,2%, un nivel que supera en dos décimas al máximo registrado en el año 2007, año previo al estallido de la crisis financiera global.
La fundación remarca que el IRPF, el Impuesto de Sociedades, el IVA y los Impuestos Especiales -encargados del 49% de los ingresos tributarios de España- se habían acelerado tras el estallido de la pandemia, cuando pasó del 16,6% al 17,8%registrado en el año 2023, tras haber tocado techo en el ejercicio fiscal previo.
Desde ese momento, se han ido sucediendo diversos récords de recaudación. Según los últimos datos emitidos por el Ministerio de Hacienda, correspondientes al ejercicio fiscal de 2024, las arcas públicas recaudaron 294.734 millones, un 8,4% más que el año pasado.
En concreto, la recaudación del IRPF se expandió 7,6% (impulsada por el incremento en el número de afiliados); la del Impuesto de Sociedades un 11,5% (por los mayores beneficios empresariales); la del IVA un 7,9%, y la de Impuestos Especiales un 6,6% (por el aumento del Impuesto sobre los Hidrocarburos, entre otros).
El impuesto de la inflación
Una de las principales demandas que hay hacia el Ministerio de Hacienda, encabezado por la vicepresidenta primera María Jesús Montero, es que aplique una deflactación del tramo estatal del IRPF.
Este proceso consiste en ajustar los tramos de este tributo según la inflación, evitando así que los incrementos salariales destinados a suplir la pérdida de poder adquisitivo, hagan que los contribuyentes salten a tramos impositivos más altos y paguen más.
El Registro de Economistas y Asesores Fiscales (REAF) calculó que los contribuyentes de rentas medias y bajas se ahorrarían al año entre 200 y 425 euros si este año se ajustase el tramo estatal del IRPF. Para las rentas muy altas calculan que el ahorro sería de hasta 1.500 euros por contribuyente. Amparándose en estas cifras, desde el departamento de Montero se justifican asegurando que este proceso "beneficiaría a las rentas más altas", por lo que aplicarían otras fórmulas a través de deducciones fiscales.
Pero el hecho de no deflactar este tributo supondría una pérdida de recaudación. En concreto, según el Bando de España, Hacienda aumentó la recaudación en 11.000 millones euros adicionales entre 2019 y 2023 al no ajustar el IRPF al aumento del coste de la vida.
"A raíz de la no deflactación de los impuestos, la inflación actúa como un tributo encubierto que erosiona el valor real de los ingresos", aseguran desde el Instituto Juan de Mariana. Para suplir esto, varias comunidades autónomas del régimen general deflactaron el IRPF, aunque en el ejercicio de 2024 solamente la Comunidad de Madrid, Aragón y Canarias mantuvieron el ajuste del tramo autonómico. Por su parte, País Vasco y Navarra, ambas de régimen foral, también aplican el ajuste.
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