El Consejo de Ministros ha aprobado hoy un Real Decreto-Ley que adapta el ordenamiento jurídico español a dos directivas europeas y que afectan de pleno a las entidades que gestionan de forma colectiva los derechos de autor en España. Las nuevas normas abren la puerta a operadores privados del sector e imponen un mayor control a aquellos entes que, como la SGAE, recaudan más de 100 millones de euros.
"En los últimos tiempos el funcionamiento de algunas entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual ha suscitado dudas en cuanto a la transparencia y el tratamiento de los ingresos recaudados en nombre de los titulares de los derechos de autor", ha señalado Íñigo Méndez de Vigo, portavoz del Gobierno y ministro de Educación, Cultura y Deporte. La norma adoptada por España, la Directiva 2014/26/UE, es de obligado cumplimiento y según el ejecutivo es "más estricta de lo exigido".
La entrada de operadores privados en el mercado de la gestión colectiva de derechos de autor permitirá romper el monopolio que de facto existía hasta hoy. Con la nueva ley será posible que entidades de gestión con sede en Estados miembros de la Unión Europea o en terceros países puedan competir en un mercado que hasta ahora estaba reservado a entidades establecidas en España.
Sin embargo, las entidades con sede en España como SGAE, CEDRO y compañía mantendrán los derechos sujetos a gestión colectiva obligatoria como la música en un bar, discoteca o gimnasio. La ley que regula los precios que deben pagar ese tipo de locales saltó por los aires esta semana, cuando el Tribunal Supremo tumbó el sistema de tarifas de las entidades de gestión. Actualmente el Ministerio de Cultura se encuentra trabajando en una nueva normativa.
Para aumentar el control sobre las entidades recaudadoras se introduce un órgano de control interno que ejercerá "una labor de fiscalización interna constante de los órganos de gobierno y representación de las entidades". Para los entes que como la SGAE recauden más de 100 millones el comité deberá incluir varios miembros externos.
Por último, la Directiva transpuesta también introduce licencias multiterritoriales sobre obras musicales "para acabar así con las dificultades a las que se enfrentan" los proveedores de servicios de música en línea cuando desean adquirir licencias para repertorios agregados para el territorio de varios Estados miembros.
