Como sabéis la SGAE ha iniciado una fuerte ofensiva contra webs que incluyen enlaces P2P de música, con una oleada de demandas civiles (ante el fracaso de la vía penal). Una de las diferencias entre una demanda civil y una denuncia penal es que mientras en la última jueces y policía se encargan de recoger pruebas (y nadie puede negarse a proporcionar los datos que un juez pida), por la vía civil son los denunciantes quienes deben realizar por su cuenta toda la investigación. Pues bien, según denuncia el diario Público, el Ministerio de Industria estaría haciéndole el trabajo sucio a la SGAE, ocupándose de identificar a los dueños de las páginas web para su posterior demanda.El truco está en que la sociedad sin ánimo de lucro denuncia ante el Ministerio una infracción de la LSSI cuando los datos de los webmasters no son públicos, apresurándose Industria a solicitar la información a las empresas de hosting o los anunciantes, aplicando a continuación una sanción administrativa de 1.500 euros y obligando a publicar dichos datos. Poco tiempo después, el webmaster recibe la correspondiente demanda de la SGAE. Así ha sido al menos en diez casos conocidos, pero según Público otras entidades de gestión y asociaciones antipiratería estarían siguiendo sus pasos.
Cabe destacar que la finalidad teórica de la LSSI de obligar a que los prestadores de servicios publiquen sus datos identificativos era facilitar la protección de los usuarios ante posibles abusos. ¿Atenderá el Ministerio de Industria de forma tan eficiente las denuncias de los consumidores?
