El Tribunal Supremo ha dictaminado que policías y fiscales no podrán recabar directamente los datos identificativos de los usuarios de telefonía móvil o Internet. Hasta ahora, estos organismos podían solicitar directamente esta información a las operadoras, para realizar investigaciones o diligencias previas, pero tras la decisión del Supremo todas las solicitudes deberán pasar previamente por el juzgado, quien solo las autorizará en caso de delitos graves.A priori parece una buena noticia para garantizar la privacidad de los usuarios, evitando posibles abusos con un mayor control judicial. Sin embargo, algunos sostienen que el requisito de delitos graves podría suponer demasiada impunidad en Internet, dificultando la investigación de los delitos con penas inferiores a 5 años (es decir, la mayoría de los que se pueden cometer en la red).
