Cuando el Gobierno de Rajoy llegó al poder a finales del 2011 decidió modificar la forma en la que se recaudaba el canon. El Partido Popular sustituyó el modelo del PSOE (también tumbado por Europa) que gravaba la venta de todo tipo de dispositivos (smartphones, llaves USB, MP3…), CDs y DVDs, por uno que obtenía el dinero directamente de los Presupuestos Generales del Estado, y cuya cuantía era muy inferior (de recaudar 115 millones de euros pasó a solo 5 millones). Ante esta situación las entidades de gestión decidieron denunciar y cuatro años después el caso ha llegado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
Ahora, el TJUE ha dictaminado que no existe Directiva que se oponga a que los Estados decidan introducir un canon a cargo de los Presupuestos Generales (lo hacen también países como Estonia, Finlandia o Noruega), pero la cuantía no puede decidirse de antemano. En opinión del Tribunal de Justicia de la UE primero hay que saber de cuánto es el perjuicio por la falta de ingresos, circunstancia que no se cumple con la actual ley española.
Además, al cargar el canon en los Presupuestos Generales no se hace distinción entre personas físicas y jurídicas, algo que también censura el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Según la institución, las personas jurídicas deberían quedar excluidas ya que son las personas físicas las que causan “un perjuicio a los titulares de los derechos y quienes, en principio, están obligadas a financiar, como contrapartida, la compensación equitativa que se les adeuda”.
El Tribunal también señala que en España “no existe mecanismo alguno que permita a las personas jurídicas solicitar la exención de la obligación de contribuir a financiar esta compensación o, al menos, solicitar la devolución de esta contribución”.
La función del Tribunal de Justicia de la Unión Europea es interpretar y aplicar el Derecho de la Unión Europea pero no resolver el litigio nacional. Ahora será responsabilidad del Tribunal Superior (órgano que preguntó al TJUE) resolver el pleito en conformidad con la decisión del tribunal europeo.
Ahora, el TJUE ha dictaminado que no existe Directiva que se oponga a que los Estados decidan introducir un canon a cargo de los Presupuestos Generales (lo hacen también países como Estonia, Finlandia o Noruega), pero la cuantía no puede decidirse de antemano. En opinión del Tribunal de Justicia de la UE primero hay que saber de cuánto es el perjuicio por la falta de ingresos, circunstancia que no se cumple con la actual ley española.
Además, al cargar el canon en los Presupuestos Generales no se hace distinción entre personas físicas y jurídicas, algo que también censura el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Según la institución, las personas jurídicas deberían quedar excluidas ya que son las personas físicas las que causan “un perjuicio a los titulares de los derechos y quienes, en principio, están obligadas a financiar, como contrapartida, la compensación equitativa que se les adeuda”.
El Tribunal también señala que en España “no existe mecanismo alguno que permita a las personas jurídicas solicitar la exención de la obligación de contribuir a financiar esta compensación o, al menos, solicitar la devolución de esta contribución”.
La función del Tribunal de Justicia de la Unión Europea es interpretar y aplicar el Derecho de la Unión Europea pero no resolver el litigio nacional. Ahora será responsabilidad del Tribunal Superior (órgano que preguntó al TJUE) resolver el pleito en conformidad con la decisión del tribunal europeo.
Como que nos han robado miles de millones de forma ilícita que no van a devolver, así queda
(spoiler, visita la página completa para verlo)
¿Alguno ha leído la noticia?
Pagaremos los tontos con nómina, y se lo llevaran los libertarios de Miami y demás paraisos fiscales, como siempre.