
Entre los cambios, el principal es que ahora será necesaria la intervención judicial para desconectar a los internautas que realicen descargas no autorizadas. Además, se instauran sanciones económicas, de hasta 1.500 euros para el titular de la línea si se realizan dichas descargas desde su conexión, y de 3.750 euros si un ciudadano castigado sin Internet intenta darse de alta con otro proveedor. Gracias a Il Duque por el aviso.