Después de que la ley francesa contra el P2P fuera declarada inconstitucional, el gobierno de Sarkozy ha reaccionado rápido modificando el texto anterior. La nueva legislación ya ha sido aprobada por el Senado (con la oposición de Socialistas y Verdes) y se espera que el Congreso le dé el visto bueno definitivo el próximo 24 de julio.
Entre los cambios, el principal es que ahora será necesaria la intervención judicial para desconectar a los internautas que realicen descargas no autorizadas. Además, se instauran sanciones económicas, de hasta 1.500 euros para el titular de la línea si se realizan dichas descargas desde su conexión, y de 3.750 euros si un ciudadano castigado sin Internet intenta darse de alta con otro proveedor. Gracias a Il Duque por el aviso.