Los proveedores de servicios deberán pasar inspecciones periódicas y publicar cada tres meses sus niveles de calidad de servicio, incluyendo el número de consultas y las quejas de los consumidores. Además, se tendrán en cuenta los intentos de conexión fallidos y las velocidades, un punto que agradará a más de un usuario con problemas de descarga y subida de datos. También resulta interesante saber que la Administración podrá tomar cartas en caso de que haya averías masivas que afecten a más de 100.000 abonados, aunque no se especifica qué hará.
De entrada suena muy bien, aunque sería prudente guardar la calma hasta ver qué se considera "mínimo" o "castigable".