Hace un par de años cientos de usuarios de Internet del País Vasco recibieron una carta donde se les invitaba a pagar a una productora una compensación de 475 euros por la supuesta descarga de la película Dallas Buyers Club. De lo contrario se iniciaría una reclamación por vía judicial. Ahora la amenaza epistolar se ha extendido por toda España, según informa eldiario.es.
En la nueva carta se indica al usuario y presunto infractor que desde su dirección IP se han infringido los derechos de autor, al haber descargado y/o compartido material protegido a través de redes peer to peer sin la autorización del titular. Para no tener que llegar a juicio, la productora audiovisual propone el pago de 400 euros “en concepto de indemnización por el daño ocasionado”. En la carta se indica que el cálculo resulta de la suma de 100 euros como compensación por cada título ilícitamente compartido, más 300 euros por el coste de la investigación y reclamación.
Según ha podido saber eldiario.es, el envío de las cartas se produce a instancias de las productoras Voltage Pictures y Crystalis Entertainment. Ambas ya habían actuado en el País Vasco. La primera reclamando dinero por la presunta descarga ilícita de la película Dallas Buyers Club y la segunda por capítulos de la serie Ash vs. Evil Dead.
David Maeztu, abogado especialista en derechos digitales y con experiencia en algunos casos que se han dado en el País Vasco, recomienda desde su cuenta de Twitter “no pagar y que demanden, las diligencias se conceden pero no son ajustadas a derecho”. Maeztu también se muestra sorprendido de que Movistar, la operadora que ha facilitado los datos de los usuarios, no haya presentado recurso para oponerse a la medida. Además, el abogado insiste en que el método usado para identificar a los presuntos infractores no es acorde a derecho.
En el País Vasco un juzgado de Donostia absolvió a uno de los acusados al entender que el titular de la conexión a Internet no es un dato que se pueda usar para saber quién ejecutó la descarga. Sin embargo, uno de Bilbao dijo lo contrario y condenó a un usuario a pagar 150 euros a la productora.
