El Código Penal, modificado hace apenas tres años con la oposición del actual gobierno (que presentó una emienda a la totalidad por su caracter represivo) va a volver a ser modificado. Al igual que ocurrió con otras leyes, como la LSSI, criticadas cuando se estaba en la oposición y reforzadas ahora en el Gobierno, el nuevo Código Penal mantiene intacto el espíritu de su última reforma, e introduce nuevos delitos informáticos.
El más destacable es el acceso sin autorización a los sistemas informáticos, independientemente de su objetivo o acciones posteriores, castigadose con pena de prisión de seis meses a dos años. Dejando a un lado el debate de si estos hechos deberían o no ser delictivos, la cuestión de fondo es que la directiva europea diferenciaba tres grados de delito (acceso a los sistemas, intromisión en los sistemas e intromisión en los datos) y recomendaba que sólo se penalizaran los casos de cierta gravedad. La reforma, continuando con su caracter criminalizador, lo mete todo en el mismo saco y con la misma pena.
El resto de delitos sobre propiedad intelectual y demás parece que siguen igual, al menos de momento.
