Agrupadas bajo el lobby de consumidores europeos BEUC (European Consumer Organisation), estas entidades aseguran que Google utiliza "varios trucos y prácticas" para hacer que los usuarios activen el historial de localizaciones y el seguimiento de la actividad web y de aplicaciones en sus cuentas de Google en contra de lo estipulado por el GDPR. Asimismo, asegura el comunicado del BEUC, Google no proporciona información clara sobre el funcionamiento de estas características.
De acuerdo con el texto, Google carece de justificación legal para procesar los datos y el consentimiento de los usuarios no podría considerarse válido dadas las circunstancias. Entre los "trucos" descritos por el BEUC se señala la utilización de información "engañosa y tendenciosa", el uso de menús que insisten de forma reiterada con el propósito de cansar a los usuarios, la agrupación de servicios sin posibilidad de controlar la captura de información de forma granular (ejemplo: al querer ordenar las fotos por el lugar de captura, la localización se activa de forma general).
El documento también llama la atención sobre la forma en la que se ocultan los parámetros de seguimiento en la configuración Actividad en la web y en Aplicaciones de la cuenta de Google, un apartado algo recóndito y cuya existencia podría ser desconocida para muchas personas.
Según un portavoz de Google interpelado por la agencia de noticias Reuters, "El Historial de Localización está desconectado por defecto y puedes editarlo, borrarlo o pausarlo en cualquier momento [...] Si lo pausas, dejamos claro que, dependiendo de tu teléfono y la configuración de las aplicaciones, podríamos seguir recabando y utilizando datos de localización para mejorar tu experiencia de Google [...] Trabajamos continuamente para mejorar nuestros controles y leeremos el informe cuidadosamente para ver si hay cosas que podamos adoptar".
El GDPR, recordemos, entró en vigor hace apenas unos meses y endurece notablemente las medidas para evitar los comportamientos contrarios a la privacidad de los ciudadanos de la Unión Europea. Entre las sanciones contempladas se encuentra la posibilidad de imponer a las compañías infractoras multas máximas equivalentes al 4 % de sus ingresos globales.