Apple no es la única compañía que ha paralizado su programa de transcripción y valoración de grabaciones. Google se ha visto obligada a hacer lo mismo en toda la Unión Europea después de que la Comisión de Hamburgo para la Protección de Datos y Libertad de Información (HmbBfDI por sus siglas en alemán) haya abierto un procedimiento administrativo por el cual se prohíbe que empleados de Google o terceras partes realicen las evaluaciones correspondientes durante un periodo de tres meses".
Según la HmbBfDI (PDF), esta medida provisional trata de proteger a los consumidores mientras las autoridades correspondientes determinan si Google está vulnerando la Ley General de Protección de Datos o GDPR.
Técnicamente esta es una responsabilidad que corresponde a la Comisión de Protección de Datos de Irlanda (IDPC), puesto que Google está registrada en la Isla Esmeralda y son las autoridades del país donde está domiciliada una empresa las encargadas de realizar las pesquisas, pero la GDPR confiere a organizaciones locales y nacionales la potestad para tomar medidas preventivas en su jurisdicción. La IDPC, en cualquier caso, ya ha iniciado los procedimientos correspondientes.
Google, por su parte, asegura que la decisión de pausar la revisión humana de cortes de audio fue tomada tan pronto como tuvo constancia de que se habían producido filtraciones y que este tipo de labores han sido suspendidas en toda la Unión Europea. "Estamos en contacto con las autoridades de protección de datos de Hamburgo y valorando cómo llevamos a cabo los análisis de audio y ayudamos a nuestros usuarios a comprender cómo se utilizan los datos", ha declarado un portavoz de Google a TechCrunch.
Por ahora no está claro si Apple (que ha paralizado las escuchas en todo el mundo, no solo en Europa) y Amazon tienen abiertos procedimientos similares, pero desde la HmbBfDI se insta a las autoridades de los países miembros de la Unión a investigar el procesamiento de sus grabaciones.
Llegados a este punto resulta conveniente recordar que la GDPR permite a las organizaciones de protección de datos imponer sanciones económicas equivalentes a hasta el 4 % de los ingresos globales del infractor.
