En los últimos días hemos conocido varias operaciones policiales en España contra personas que presuntamente se lucraban con la distribución no autorizada de contenidos en Internet. La primera es el desmantelamiento de un top-site, mediante el cual se podía acceder vía ftp a un amplio catálogo de películas, series, música, aplicaciones informáticas y videojuegos, previo pago de una cuota mensual de 20 euros. Según la Policía había unos 500 abonados al servicio ilegal, entre ellos responsables de páginas P2P que se nutrirían así de nuevo contenido para sus webs. Dos personas han sido detenidas e imputada una tercera menor de edad.La otra operación, es la detención de un conocido uploader de páginas de descarga directa, que recibía pagos económicos de los servicios de almacenamiento (no de las webs de enlaces) por cada descarga que realizaban los usuarios. Tiplorita obtenía poco más de 300 euros al mes por sus subidas ilícitas, pero pudo haber generado más de 150.000 descargas solo en los últimos cuatro meses. Además, según la Policía realizaba toda su actividad desde conexiones WiFi ajenas, previo crackeo de las mismas, por lo que también ha sido acusado de un delito de acceso no autorizado a equipos de telecomunicaciones.
Llama la atención que ambas operaciones hayan coincidido en el tiempo con la polémica reforma legislativa que prepara el Gobierno, como si se intentase probar la urgencia de una mayor intervención en Internet. Sin embargo, lo único que prueba es que la legislación actual ya parece contar con todos los mecanismos necesarios para perseguir los delitos contra la propiedad intelectual en la red. Gracias a todos los usuarios que nos habéis avisado de la noticia.
