La Comisión Europea ha anunciado hoy una multa de 376,6 millones de euros a Intel por maniobrar para impedir la venta de procesadores de fabricantes rivales en la Unión Europea. Si la noticia provoca cierto déjà vu, es comprensible: la multa original, de 1.060 millones de euros, data de 2009, pero el año pasado fue anulada después de que el Tribunal General aceptara la apelación de Intel al considerar que la Comisión Europea no había hecho las pesquisas necesarias. Ahora parte de esa sanción ha sido reimpuesta.
Por recordar los hechos, que son necesarios para comprender mejor la sanción de hoy, la Comisión Europea determinó que Intel había ofrecido reembolsos e incentivos a compañías como Dell, HP y Lenovo para que montaran sus procesadores casi en exclusiva, pero también que había pagado a los fabricantes para retrasar el lanzamiento de productos con procesadores de la competencia, lo que la Comisión denominó como "naked restrictions".
Estas "naked restrictions" comprendían pagos entre noviembre de 2002 y mayo de 2005 a HP para que los equipos con CPU AMD solo se vendieran a pymes a través de canales de distribución directa y con seis meses de retraso en Europa. Algo parecido sucedió con los lanzamientos de Acer y Lenovo. La firma taiwanesa recibió pagos para retrasar la comercialización de un portátil con CPU AMD de septiembre de 2003 a enero de 2004, mientras que Lenovo demoró varios portátiles de junio de 2006 a finales de ese mismo año.
El caso se convirtió en uno de los más importantes en la historia de la cartera de Competencia de la Comisión Europea y devino en una multa récord.
Intel, sin embargo, apeló la sentencia. Y el Tribunal General de la Unión Europea le dio la razón, determinando que la Comisión no había hecho un análisis adecuado de la estrategia de reembolsos, haciendo imposible demostrar el impacto real sobre la competencia "de modo jurídicamente suficiente". Asimismo, anuló la sanción de 1.060 millones de euros al considerar que no tenía la capacidad para calcular una nueva multa, pero dejó abierta una puerta a la Comisión: reconocía el hecho de que las maniobras de Intel (las denominadas "naked restrictions") infringían la legislación europea.
Como Intel no presentó alegato alguno en lo que se refiere a sus maniobras para anular o retrasar lanzamientos, esa parte concreta del litigio se considera cerrada y la Comisión es libre de imponer una nueva multa.
En consecuencia, la Comisión Europea ha decidido sancionar a Intel con 376,6 millones de euros estrictamente por el concepto de "naked restrictions" usando los mismos cálculos de daños que en su valoración de 2009. En cuanto a la parte de la sanción inicial correspondiente a los reembolsos ilegales, la Comisión ha apelado el veredicto del Tribunal General, por lo que aún existe la posibilidad de que Intel termine pagando más dinero.
