Los hechos nos llevan a 2009, cuando la Comisión Europea impuso a Intel una sanción récord para la época, acusándola de infringir las leyes que regulan la competencia a través de una política de descuentos ilegales con el propósito de dañar a AMD. De forma más concreta, Intel estableció acuerdos por los cuales cuatro fabricantes de ordenadores (Dell, Lenovo, HP y NEC) se beneficiarían de precios más bajos a cambio de utilizar sus chips en lugar de los de AMD, con el consiguiente perjuicio para su rival.
No dispuesta a satisfacer esa suma, Intel llevó el dictamen al Tribunal General de la Unión Europea, que anuló la multa al determinar que la Comisión Europea no había logrado demostrar "de modo jurídicamente suficiente" la ilegalidad de los descuentos, como tampoco había analizado debidamente el porcentaje del mercado cubierto por la práctica ni el periodo durante el que tuvo lugar.
La Comisión recurrió a su vez esta sentencia, elevando la cuestión a la más alta instancia judicial. Y por segunda vez, la justicia le ha cerrado la puerta. En su resolución (PDF), el Tribunal de Justicia de la Unión Europea "desestima todos los motivos de casación formulados por la Comisión", ratificando el juicio del Tribunal General y dando carpetazo al asunto con lo que ya es una rotunda victoria para Intel.
Merece la pena señalar que este no es el único asunto que el fabricante estadounidense tenía pendiente en los tribunales europeos. Aunque esta parte del caso se puede dar por concluida, todavía tiene pendiente una multa de 376 millones por abuso de posición dominante derivada de los pagos a compañías como HP, Acer y Lenovo, que habrían recibido dinero a cambio de limitar y retrasar el lanzamiento de ordenadores dotados con procesadores AMD.