La Comisión Europea suspendió el pago de 1.122 millones de euros en ayudas a España procedentes del Fondo europeo para el Desarrollo Regional (FEDER) por irregularidades en su gestión, pero recordó este lunes que el país cuenta con un plazo de once meses para "certificar" su buen uso y evitar perderlas definitivamente.
"Hay de plazo hasta abril de 2017 para cumplir el proceso de certificación. Quiere decir que aún hay tiempo: Once meses para completar la certificación", indicó el portavoz de Política Regional, Jakub Adamowicz.
Adamowicz confirmó que el pago de un total de 1.122 millones de euros en subsidios comunitarios a España "está actualmente interrumpido" debido a las "irregularidades" y deficiencias que se detectaron en la gestión y control de dichas ayudas.
Ya la semana pasada, fuentes comunitarias indicaron a Europa Press que la Comisión había congelado el desembolso de 24 millones de euros a la Comunidad de Madrid, a la espera de que una auditoría aclarase si su gestión cumplía los estándares de la UE.
Este lunes, el Ejecutivo comunitario confirmó que el problema se extiende a 22 de los 23 programas operativos con que cuenta España para el periodo 2007-2013, pero matizó que muchos de ellos están afectados "levemente" y no por dudas en los programas en sí, sino por las irregularidades de organismos que participan en su gestión.
"Bruselas cuenta con un sistema sólido de auditorías e interrumpimos los pagos en cuanto se identifican las irregularidades, además trabajamos duro con los Estados miembros recalcó el portavoz comunitario.
Así, argumentó que la suspensión de fondos es un mecanismo "habitual" en el control de las ayudas comunitarias y que la medida tomada contra España no corresponde a una situación "excepcional".
Adamowiz también quiso señalar el papel "fundamental" que jugaron las inversiones de la UE en la "modernización" de España y aseguró que, en 30 años de pertenencia al bloque comunitario, hay "muchas historias de éxito" en el uso de fondos de cohesión.
Sobre los problemas detectados, el portavoz apuntó que las autoridades implicadas y la Comisión están trabajando "estrechamente" para corregir las deficiencias y se están diseñando "planes de acción" para una implementación adecuada de los recursos.
Fuentes comunitarias explicaron que el paso dado por Bruselas para congelar los 1.122 millones no busca provocar un "drama" o "tsunami" en España, sino activar una "voz de alarma" para "asegurar que (los fondos en cuestión) no se pierden finalmente".
El objetivo es que España acredite la gestión adecuada y que se han tomado medidas para "reforzar" el control sobre las inversiones, han añadido.
Según informa Europa Press, entre los organismos cuya gestión despertó dudas en la Comisión hay varios autoridades regionales de Madrid, Cataluña, Melilla, Andalucía y Castilla y León, pero también ministerios como el de Alimentación, Agricultura y Medio Ambiente y organismos públicos como el ICEX.
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