¿Y esto quién lo paga? El River - Boca del Bernabéu reaviva el debate del coste de la seguridad
La celebración de la final de la Copa Libertadores en Madrid ha resucitado el debate sobre quién se hace cargo del coste de la seguridad que exigen los partidos de alto riesgo, encuentros que generan claros beneficios económicos a los clubes, pero que requieren recursos públicos extraordinarios.
Los sindicatos policiales han sido los primeros en volver a poner sobre la mesa el elevado gasto de seguridad que supone al erario garantizar la seguridad antes, durante y después de los partidos con efectivos de decenas de unidades desplegados por la ciudad, desde los más visibles como los agentes de la UIP, medios aéreos o guías caninos a los de subsuelo, Tédax o Información.
Aunque el diseño del operativo para el partido que el 9 de diciembre disputarán en el estadio Santiago Bernabéu el River Plate y el Boca Juniors no está cerrado, los cuatro sindicatos principales SUP, CEP, UFP y SPP coinciden en que será un dispositivo abultado que movilizará a entre 2.000 y 4.000 policías nacionales, sin olvidar la implicación de efectivos de policía municipal y sanitarios.
Solo el desplazamiento de un agente de UIP, los antidisturbios, cuesta 72,12 euros de dieta. "Si vienen alrededor de 700 efectivos, que son los que podrían venir desde fuera a la capital el gasto sería de unos 50.500 euros diarios solo en UIP", señala a Efe Antonio Labrado de la CEP.
Y eso sin tener en cuenta que el desplazamiento de estos agentes, a los que ya les ha suspendido los permisos y asuntos propios, será de unos tres días mínimo, por lo que solo en UIP el coste ascenderá a más de 150.400 euros.
"Los clubes, pero también la FIFA, la UEFA o la Conmebol, son entidades que manejan mucho dinero y tiene abultados beneficios pero no se gastan un duro en la seguridad de estos eventos que les reportan todavía más dinero", recuerda también el portavoz del SUP, Ramón Cosío, quien considera que el Estado no puede asumir 200.000 o 300.000 euros cada vez que se organiza un partido de este tipo.
Gráficamente traslada el "problema" al negocio de una discoteca que se llena todas los fines de semana, deja al propietario una importante recaudación, pero cuyos "seguratas", tanto dentro como en la puerta del local, son personal del Ayuntamiento de turno. "Es impensable, es un local privado".
Desde la UFP, su portavoz José María Benito también apunta a Efe: "No entro en el debate de quién debe pagar, pero no puede caer todo el peso sobre la seguridad pública de un acontecimiento que es privado", y más cuando despliegues de esta envergadura pueden dejar "desprotegidos" otros lugares.
Desde los sindicatos dejan claro que no se trata de menospreciar el impacto económico que tendrá para Madrid la celebración de este partido ni siquiera de poner el foco en la final de la Copa de Libertadores, pues estos operativos son similares a los que se montan para otros partidos de alto riesgo.
Sin ir más lejos, la última final de la Copa del Rey desplegó a más de 3.000 policías o un Madrid-BarÇa pone en la calle a alrededor de 1.700. Según datos ofrecidos a Efe por Adolfo Medina, del sindicato SPP, que agrupa a los mandos policiales, la seguridad global de toda una temporada de liga se eleva a los 10 millones de euros.
"El coste compartido no debería descartarse por el mero hecho de que se considere que la seguridad es una tarea propia del Estado", explica a Efe Medina que subraya que resulta llamativo que la Vuelta Ciclista a España sí se hace cargo de los gastos que supone tener a su disposición a la Policía.
El debate que ahora resurge pero que viene de lejos. Ya en 2012 la UFP pidió al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, que estudiara la posibilidad de cobrar la seguridad que presta la Policía Nacional en los partidos de fútbol o espectáculos taurinos, algo que también el exministro del Interior Alfredo Pérez Rubalcaba planteó a la liga, sin obtener respuesta.
Hace siete años, con el proyecto de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, se quiso dar el paso de contemplar por ley la cofinanciación para los eventos con ánimo de lucro que exigen un gasto considerable en materia de seguridad, pero todo quedó en nada.
Mientras, Cataluña y el País Vasco sí han avanzado en normativas propias. En 2016, por ejemplo, el Atletic Club de Bilbao pagó 13.500 euros por el despliegue extra de la Ertzaintza con motivo del partido de alto riesgo contra el Olympique de Marsella.
La ley de espectáculos públicos vasca fija que la Ertzaintza cobrará 31 euros por agente y hora cuando tenga que aplicar "servicios extraordinarios de vigilancia y protección" en partidos de fútbol y eventos multitudinarios de "riesgo elevado". Cataluña introdujo un copago similar en la ley de acompañamientos a los presupuestos de 2013, donde se fijó una tasa de 35,35 euros por agente de mosso y hora de servicio.
Se trata de una práctica también vigente fuera de España: el pasado mes de febrero el Tribunal Superior de lo contencioso-administrativo de la ciudad estado de Bremen (norte de Alemania) sentenció que la Liga Alemana de Fútbol debe compartir los gastos policiales adicionales de los partidos de alto riesgo.
El origen del proceso es una demanda de la Liga Alemana contra una notificación de la Policía de Bremen en la que se le reclamaba el pago de una tasa de 425.718,11 euros por el dispositivo adicional desplegado con motivo de un partido disputado en 2015 entre el Werder Bremen y el Hamburgo.
En pasado mayo la agrupación de sindicatos europeos Eurocop avanzó su intención de presentar a los grupos políticos del Parlamento Europeo una propuesta para reclamar el copago por parte de los clubes del gasto en seguridad y de los daños causados por los aficionados violentos.
Un mes antes, profesionales de la Policía Nacional, la Ertzaintza, la Policía Foral, Scotland Yard y Eurocop se habían reunido en Bilbao para analizar la violencia en torno al deporte y reclamaron la implicación de los clubes para acabar con los incidente que a menudo rodean el fútbol.
Los sindicatos reiteran que sea a través de una tasa, un tributo o un canon el camino debe ser el de la cofinanciación. "El fútbol es un deporte de interés nacional, y el Estado puede responsabilizarse de una parte, pero esto cuesta mucho dinero. Los clubes deberán corresponsabilizarse de un servicio que pagamos todos", zanja el portavoz del SPP.