is2ms escribió:Namco69 escribió:Lo vi hoy en las noticias:
https://www.lasexta.com/noticias/nacion ... cdb0c.htmlLa fiscal general del Estado, María José Segarra, sostiene que "no hay delito alguno ni en quitar ni en poner" símbolos y lazos amarillos en la vía pública, porque es algo que "forma parte de la libertad de expresión".
Fin de la discusión. No te pueden multar ni por una cosa ni por la otra.
ojo! Que es la ley de seguridad ciudadana la que se está aplicando (ya sabéis, la ley franquista, antidemocrática y fascista del PP), y según torra la fiscal general ni pincha ni corta aquí (seguramente tenga razón).
http://www.elmundo.es/espana/2018/08/20 ... b4610.html
Está claro es que el hecho en sí, de quitar un lazo, no es ni delito, ni falta gubernativa. Mientras se haga de forma pacífica, exactamente igual del mismo modo que los pusieron. Quitar un lazo amarillo no supone violencia alguna.
Por lo tanto, quien quiera sancionar amparándose en esa ley, necesitará interpretarla maliciosamente para ver una infracción gubernativa donde no la hay.
Si un agente denuncia a un ciudadano que retira lazos amarillos, esa denuncia tiene poco recorrido si el ciudadano se defiende y la cosa llega a un tribunal de Justicia, porque está bastante claro el tinte político-represivo malintencionado de la jugada, y lo que no se puede hacer es utilizar una ley para fines distintos, es decir la ley de seguridad ciudadana no está para represaliar a la gente que no acepte las ideas políticas independentistas
Y la otra opción que se está comentando de sancionar a los ciudadanos que arranquen lazos amarillos acusándoles de dañar la propiedad pública es absurda. Está claro que se trata de aparentar una legalidad para reprimir a los "ciudadanos que no tienen la opinión correcta" y eso no se puede hacer.
De todos modos, no nos olvidemos de una cosa: los que van a pagar el pato aquí van a ser los policías que se presten a hacer de "grises", porque el ciudadano está en su derecho a denunciarles por prevalerse de su cargo público con fines de lucha política.
El político que ordena a los policías multar, se quedará en su casita tan tranquilo, mientras le manda a hacer el trabajo sucio a los funcionarios públicos, que serán los que luego tendrán que afrontar las consecuencias judiciales de abusar de su posición de agentes de la autoridad.