Este personaje que gusta ser fotografiado junto a dictadores como los hermanos Castro y que viaja en primera a visitar a gente como Chávez -qué bien se ven las revoluciones cuando vas de la mano oficialista-, es un cargo público que pertenece a un partido que gobierna en coalición en Andalucía.
Un partido que olvidó por completo sus exigencias programáticas -ley electoral por ejemplo- y se dedicó a pactar poltronas en ese Gobierno.
Este comportamiento no es nuevo, el propio PNV -y sí, menudos son ellos para dar lecciones-denunciaba hace tiempo cómo EB -la antigua marca de IU del País Vasco- había negociado con la derecha nacionalista de la misma manera... es decir, solo cargos, sin importarles siquiera un comino las políticas.
En Andalucía, IU ha vuelto a dar muestras de su protección a la institución de la familia. De la familia de sus dirigentes. Y hemos visto cómo varios de los principales cargos y el propio Sánchez Gordillo colocan a sus allegados en puestos sin importarles un pimiento ninguno de todos esos andaluces a los que el diputado Gordillo quiere ahora alimentar.
Pero por si acaso el diputado Gordillo actuó demasiado rápido o no estaba ese día nada imaginativo, podríamos darle varias alternativas.
No hablaré de otros posibles actos ilegales, aunque es obvio que en vez de enfrentarse valientemente con varias cajeras de una cadena de supermercados que está produciendo ahora mismo -con la que nos cae encima- miles de puestos de trabajo, podría habernos demostrado su valor probando con un banco o un furgón blindado de esos que demoniza a menudo y que están guardados por polis hechos y derechos dispuestos a defender la carga.
Ojo, no seré yo aquí el que defienda el comportamiento de cajas y bancos, responsables de muchos de los males que nos aquejan, pero verán, nosotros hemos preferido acudir a la Audiencia Nacional. Por aquello de la legalidad y tal. Por responsabilidad. Y porque no están las cosas para que un político irresponsable juegue con el fuego que casi prende ya a muchos españoles que las pasan canutas.
Pero quizá Gordillo podría haberle pegado un palo a su compañero de partido Moral Santín, que es el que mas pasta se llevó de Caja Madrid con diferencia. Más de medio millón de euros al año dan para muchos carritos de compra, señor Gordillo.
O podría hacerlo con Caja Castilla La Mancha, que mientras desahuciaba a esas familias sin recursos a las que dice defender Gordillo, según una querella, condonaba créditos a IU por valor de 300.000 euros.
Gordillo podría tambien impedir la compra de coches para los portavoces del Parlamento de Andalucía por valor de 60.000 euros, quitarse un sueldo que la mayoría de alcaldes y concejales de pueblos de tamaño similar al del suyo no cobran, luchar contra los recortes sociales que lleva a cabo la Junta sin tocar su extensa red clientelar...
Debería, en suma, hacer política, que es para lo que se le paga. Obligando a su partido a negociar con el PSOE posibles soluciones o abandonarlo si no está de acuerdo con lo que se hace.
Pero Gordillo no quería alimentar a nadie con esa acción. Es importante que no perdamos esto de vista. Gordillo quería salir en los papeles. Y lo ha conseguido.
Otro día hablaremos de cómo los partidos de izquierda disculpan acciones como esta, de como los dirigentes de IU las justifican, de lo que hace el PSOE que gobierna con ellos, de cómo el PP pide ejemplaridad pública cuando indulta delincuentes o en la Comunidad Valenciana mantiene a diez imputados en las Cortes... o de lo que tardan las asociaciones feministas en defender a unas cajeras de un súper cobárdemente agredidas por unos sindicalistas... otro día...
Para acabar, lo tengo claro. Para salir de esta, prefiero empresarios que crean puestos de trabajo a los señores Gordillos.
Esto no es una lucha de ricos contra pobres, como nos venden de manera simplista los Gordillos.
Es un pulso entre honrados y ladrones, entre trabajadores y apoltronados.
El martes un grupo de trabajadores del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) entró de forma organizada en dos grandes superficies y se llevó sin pagar un importante número de productos de primera necesidad, con objeto de repartirlos entre los más necesitados. Como consecuencia, el ministerio del Interior ha ordenado ya la detención de los responsables. Varios días después podemos confirmar, a mi juicio, que la acción del SAT ha sido un completo éxito.
Comencemos por el contexto social. Según UNICEF en España un 17,1% de los niños están bajo el umbral de la pobreza, mientras que Acción contra el Hambre denuncia que un 25% están desnutridos. Al mismo tiempo dos millones de españoles se beneficiarán de las ayudas que la Comisión Europea ha enviado este año -con un total de 67 millones de kilos de comida- para combatir el hambre en nuestro país. A nadie se le escapa que las organizaciones solidarias han visto dispararse sus necesidades para poder atender con eficacia a una población crecientemente empobrecida.
A pesar de lo apuntado arriba es obvio también que en nuestro país no falta comida, ni tierras fértiles ni medios técnicos con los que paliar el hambre. Lo que sí falta es voluntad política que se atreva a enfrentar las desigualdades de riqueza y renta. Y lo que sobre todo falta es que se cumpla la Constitución española y su artículo 128.1, el cual declara que "toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general". Y la acción del SAT ha logrado precisamente poner esto de relieve, marcarlo en la agenda, y lo ha hecho siguiendo la máxima libertaria de Emna Goldman, que instigaba a los trabajadores con la siguiente proclama: "Pedid trabajo, si no os lo dan, pedid pan, y si no os dan ni pan ni trabajo, coged el pan".
Pero la acción del SAT ha ido más allá de lo concreto, es decir, del reparto de comida, y ha penetrado con fuerza en el mundo ideológico. Decía Guy Debord que vivimos en la sociedad del espectáculo y nos recordaba, citando a Feuerbach, que en nuestro tiempo "se prefiere la imagen a la cosa, la copia al original, la representación a la realidad, la apariencia al ser". No hay duda sobre ello: en la sociedad del espectáculo la imagen importa más que la sustancia y los símbolos se convierten en el arma más valiosa para las causas políticas y las causas empresariales. Y la acción del SAT no es una medida contra la crisis -porque su generalización no resuelve los problemas de raíz- sino una acción simbólica con un claro contenido político. Es sustancialmente distinto.
Efectivamente nadie, y los compañeros del SAT menos, tenían como intención que aquella acción del martes se convirtiera en un elemento clave del programa electoral. Lo del SAT ha sido una brillante táctica comunicativa para poner sobre la agenda política un grave problema social. Hablamos de un pensado golpe contra la ideología dominante, es decir, contra la concepción del mundo que tiene la gente acerca de cómo debe organizarse una sociedad. Esta acción ha servido para remover los cimientos ideológicos de la mayoría de la gente. Por supuesto que no ha convencido a muchos, quizá la mayoría, pero ha golpeado por primera vez y con contundencia su sistema de ideas y el cual estaba hasta ahora muy asentado y consolidado. Ha mermado sus defensas.
No olvidemos que vivimos una crisis ideológica que se manifiesta en el cambio de cómo la gente concibe e interpreta su realidad más cercana. La concepción del mundo que había sido dominante hasta ahora se resquebraja y todo está en duda. Se cuestiona que los políticos y economistas sepan qué hacer, que las instituciones políticas sean útiles para resolver los problemas, que las entidades financieras sean fundamentales, que haya democracia, que las empresas privadas sean superiores a las públicas, que la policía defienda al pueblo, y también -y es lo que aquí nos ocupa- que la propiedad privada sea sagrada y esté por encima de otros derechos como el de la vivienda o la alimentación.
Algunos denunciarán que la acción del SAT es ilegal. Efectivamente, lo es. Pero la cuestión no reside en saber en qué lado de la frontera jurídica cae, sino en si es una acción legítima y digna o si por el contrario no lo es. Y cuando sabemos que las necesidades humanas básicas pueden satisfacerse técnicamente pero el único obstáculo para conseguirlo es el propio marco institucional, diseñado en beneficio y garantía de la gran empresa y las grandes fortunas, es cuando acciones como las del SAT recobran toda su naturaleza revolucionaria y de justicia social. En ese punto la ilegalidad es legítima y contribuye a preparar el terreno para un cambio institucional que primero y ante todo ha de construirse en el plano ideológico.
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