La legislación conocida como "Marco Civil de Internet" se considera la primera constitución de la red de redes y ha nacido como respuesta al espionaje sistemático de la NSA estadounidense. El texto legislativo está apoyado por varios expertos entre los que se encuentra el creador de la WWW, Tim Berners-Lee.
La "constitución" de Internet establece que las empresas no podrán limitar el acceso a los usuarios según el tipo de servicio prestado, una medida que garantiza la neutralidad y que se ha encontrado con gran oposición por parte de las ISPs. Del mismo modo, la ley establece que las comunicaciones digitales son inviolables y prohíbe expresamente la venta de datos, facilitando además el proceso para sancionar a cualquier empresa que no cumpla alguna norma.
Para asegurar la aprobación de la propuesta de ley, el gobierno de Rousseff ha eliminado del texto una polémica propuesta que obligaba a las compañías de Internet a almacenar sus datos en servidores dentro del país. A cambio, la ley establece que empresas como Google o Facebook estarán sujetas a la ley brasileña pese a utilizar centros de datos fuera de la nación sudamericana.
La presidenta brasileña afirmaba ayer en un congreso internacional desde Sao Paulo que ningún país puede "tener más peso que otro" en la gobernanza de Internet, volviendo a tachar de "inaceptable" el espionaje de la NSA. Por su parte, el jefe de la delegación de los EE.UU., Michael Daniel, expresó en la reunión que su país comprometido a "devolver la confianza al usuario de Internet damnificado por revelaciones no autorizadas".
La FCC dinamita la neutralidad de la Red en EE.UU.
Mientras Brasil sienta las bases legales para garantizar una Red neutral, la Comisión Federal de Comunicación (FCC) de los Estados Unidos da un paso en la dirección contraria. El organismo votará el mes que viene una propuesta de ley para la defensa de la "neutralidad en la Red", cuyo borrador permite irónicamente realizar discriminaciones de servicio, según citan fuentes de The Wall Street Journal.
El informe asegura que las empresas que ofrecen contenidos en la Red podrían obtener "acceso especial" a los usuarios llegando a un acuerdo "comercialmente razonable" con las ISPs. En todo caso el texto legislativo no permite bloquear el acceso a websites individuales, pero si tratos preferentes según cada caso individual.
