El Congreso ha aprobado de forma definitiva la nueva Ley General de Telecomunicaciones, que gracias a las enmiendas introducidas en el senado ha conseguido el apoyo de PP, PSOE y CiU. Con el apoyo del Gobierno y el mayor partido de la oposición se garantiza que la ley se aplicará a corto y largo plazo, independientemente de la formación que ostente el poder.
Entre las novedades que presenta la nueva ley encontramos el compromiso del Gobierno de garantizar que todos los hogares españoles tengan acceso a una velocidad mínima de Internet de 10Mbps en el año 2017. A pesar de que esta velocidad puede sonar ridícula para los residentes en grandes ciudades con acceso a fibra, no lo es para aquellos que viven alejados de los grandes núcleos urbanos.
La ley también compromete al Gobierno a que en 2020 la velocidad para todos los españoles sea de 30 Mbps y que, al menos la mitad de los hogares, puedan disponer de acceso a servicios de velocidades superiores a 100 Mbps. Para ayudar a lograr este objetivo la ley fomentará el uso compartido de infraestructuras entre compañías y reducirá la burocracia necesaria para el despliegue de redes de nueva generación.
Otro de los puntos destacados de la ley es el apoyo que reciben las competencias de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). El organismo regulador refuerza sus poderes con las llamadas competencias residuales, que abarcan temas como el fraude en determinados servicios, se le concede una mayor capacidad sancionadora y se le reconocen funciones de asesoramiento y arbitraje, entre otras.
La Izquierda Plural y el Bloque Nacionalista Galego han expresado su desacuerdo con la nueva ley debido al descuido y falta de medidas de protección para la salud y el medio ambiente. El grupo gallego también ha mencionado la invasión competencial y la recentralización entre sus razones para votar en contra.
