Los primeros casos tramitados por la Audiencia Nacional sobre las reclamaciones del derecho al olvido en Internet ya tienen sentencia. De esta forma el tribunal ha establecido los criterios que los juzgados españoles aplicarán a partir de ahora para todo aquel que reclame su derecho al olvido.
Para ejercer este nuevo derecho los jueces fijan principalmente dos criterios. Que quien ejercite el derecho indique ante el responsable del tratamiento o ante la Agencia Española de Protección de Datos que la búsqueda se ha realizado a partir de su nombre. Y que indique los resultados o enlaces obtenidos a través del buscador, así como el contenido de esa información que le afecta y que constituye un tratamiento de sus datos personales a la que se accede a través de dichos enlaces.
La cancelación de datos, según la Audiencia Nacional, estará justificada cuando las circunstancias de cada caso concreto así lo determinen, “ya sea por la naturaleza de la información, su carácter sensible para la vida privada del afectado, por la no necesidad de los datos en relación con los fines para los que se recogieron o por el tiempo transcurrido, entre otras razones".
La primera sentencia que ha dibujado el camino a seguir para las demás ha sido la de Mario Costeja, cuyo caso obligó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a posicionarse. El TJUE respaldó el derecho al olvido y sus directrices han sido ahora aplicadas por la Audencia Nacional.
De los 18 casos analizados (incluido el de Mario Costeja) en 14 los tribunales han dado la razón a las reclamaciones de los particulares frente a Google. La Audiencia tiene ahora sobre la mesa una veintena de nuevos casos por resolver.
Para ejercer este nuevo derecho los jueces fijan principalmente dos criterios. Que quien ejercite el derecho indique ante el responsable del tratamiento o ante la Agencia Española de Protección de Datos que la búsqueda se ha realizado a partir de su nombre. Y que indique los resultados o enlaces obtenidos a través del buscador, así como el contenido de esa información que le afecta y que constituye un tratamiento de sus datos personales a la que se accede a través de dichos enlaces.
La cancelación de datos, según la Audiencia Nacional, estará justificada cuando las circunstancias de cada caso concreto así lo determinen, “ya sea por la naturaleza de la información, su carácter sensible para la vida privada del afectado, por la no necesidad de los datos en relación con los fines para los que se recogieron o por el tiempo transcurrido, entre otras razones".
La primera sentencia que ha dibujado el camino a seguir para las demás ha sido la de Mario Costeja, cuyo caso obligó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a posicionarse. El TJUE respaldó el derecho al olvido y sus directrices han sido ahora aplicadas por la Audencia Nacional.
De los 18 casos analizados (incluido el de Mario Costeja) en 14 los tribunales han dado la razón a las reclamaciones de los particulares frente a Google. La Audiencia tiene ahora sobre la mesa una veintena de nuevos casos por resolver.
Se borran los enlaces, no el contenido. Cuando Mario Costeja ponía su nombre en Google salía esto: http://hemeroteca.lavanguardia.com/prev ... 1/pdf.html Ahora no saldrá, pero el contenido seguirá ahí.
Esa h [mad]
Aunque hoy en dia la tienen mas dificil con todo mundo portando una camara de video (smartphone) [hallow]
Si yo quiero investigar a un tal Pepito con un pasado no muy honroso y se mete en política ya será más difícil. O un violador, o un pedofilo, o un ladrón como nuevo vecino. Mario Costeja González debe salir en el buscador. Ya veréis el uso que se le da a esta Ley sobretodo en políticos.
El derecho a la intimidad es fundamental, hace falta más leyes como esta.
Los corruptos lo que necesitan es ir a la cárcel, no que la sociedad pierda un derecho, os recuerdo a todos que el PP valenciano les han votado alegremente sin parar durante estos años sabiendo de sobras sus robos, al igual que otros tantos partidos en otras comunidades. Así que mejor intentar lograr un sistema judicial justo que pretender que la justicia popular funcione [+risas]