Un consejo asesor de académicos y personajes influyentes formado por Google ha respaldado la decisión del gigante de aplicar el “derecho al olvido” únicamente en la Unión Europea. Una decisión que choca con la propuesta de los reguladores que habían pedido aplicar la regla a nivel mundial, es decir que desde ningún país se pudiera acceder a la información suprimida de ciudadanos europeos.
Cuando hablamos de derecho al olvido nos referimos a un derecho relacionado con el Habeas Data y la protección de datos personales. Algo así como el derecho que tiene una persona a borrar, bloquear o suprimir sus datos personales o información personal, bien porque se considere obsoleta en el tiempo, bien porque pueda afectar a alguno de sus derechos fundamentales. El problema en Internet llega por la propia universalización de la red. Los motores de búsqueda como Google almacenan prácticamente todo aquello que se sube a Internet y aquí se encuentra el desafío para el Derecho, determinar si una persona puede o no borrar su pasado (en este caso del buscador).
Podemos imaginarnos cómo en este conflicto Google es el actor principal. Por ello, el gigante seleccionó a un conjunto de ocho personas en mayo del año pasado con el único fin de que le ayudasen a decidir sobre la implementación global (o no) de la decisión del tribunal de la UE. Un consejo formado por, entre otros, Jimmy Wales (fundador de la Wikipedia), académicos y pensadores. Todos ellos han aclarado que Google no ha presionado en ninguna decisión, ni mucho menos, ni obligado a un acuerdo contractual o de confidencialidad.
El informe de este consejo que ahora ve la luz son 44 páginas en las que mayormente se respalda la posición de Google. ¿Por qué? Se argumenta que los usuarios fuera de Europa tienen derecho a recabar cualquier información y que las restricciones del derecho al olvido pueden chocar con las leyes de otros países. Además, dicen que Google es la compañía adecuada para informar a, por ejemplo editores, para que eliminen algún vínculo o enlace si fuera necesario.
Como vemos, un informe que muy probablemente sea visto desde la Unión Europea como un ejercicio de relaciones públicas disfrazado de “informe” oficial. Para Google, un refuerzo a su punto de vista. De esta forma, todo hace indicar que fuera de la jurisdicción europea mantendrá su veto al “derecho al olvido”, haciendo inaccesibles los datos eliminados solamente desde las versiones locales del buscador.
