El Consejo Constitucional francés, algo parecido a nuestro Tribunal Constitucional, ha declaro inconstitucionales varios artículos de la reciente ley aprobada en Francia para luchar contra el P2P y las descargas no autorizadas. De esta forma anula la presunción de culpabilidad que suponía dicha ley y declara que solamente un juez puede ordenar la desconexión de Internet de un usuario.
Internet es un componente de la libertad de expresión y el consumo y en el derecho francés prevalece la presunción de inocencia. [...] Se ajusta a la ley imponer una sanción si se demuestra que existen descargas ilegales, pero el papel de la Alta Autoridad (Hadopi) es advertir y señalar sobre dichas descargas, no castigarlo, y solo un juez podrá determinar la sanción.