Antes de que la Comisión de Cultura del Senado debata la reforma de la Ley de Propiedad intelectual (LPI), el Grupo Popular en la Cámara Alta ha introducido en ella cinco enmiendas que permitirán multar con hasta 600.000 euros las infracciones "muy graves" relacionadas con la piratería. Antes de su llegada al Senado la Ley contemplaba sanciones de hasta 300.000 euros
El paquete de enmiendas del Partido Popular es "básicamente" técnico, según informan desde Europa Press. No recoge propuestas relativas a una modificación de la denominada 'Tasa Google' ni plantea cambios para la compensación por copia privada con cargo a los Presupuestos del Estado. Este último punto hoy también ha sido noticia, pues el Tribunal Supremo (que paralizó la LPI) ha preguntado a Bruselas si este nuevo sistema de compensación por copia privada, que sustituyó al canon digital, es compatible con las directivas europeas.
Los cambios se reservan, de este modo, para castigar la piratería. El PP quiere ir más allá del cierre de webs por actos de piratería cuya responsabilidad recae en la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual y busca aumentar las sanciones económicas como “elemento disuasorio”. De esta forma, se duplicarían las multas máximas de 300.000 euros hasta los 600.000 para aquellas páginas de enlaces que incumplan los requerimientos de retirada de contenidos declarados infractores. Además, las multas mínimas también ascienden de los 30.000 euros hasta los 150.001 euros.
Otra modificación impulsada por los Populares establece que la entrada en vigor de toda la ley para enero de 2015 y no al día siguiente de su publicación en el BOE, como así estaba contemplado en un principio. En todo caso, sí entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE la labor de las secciones Primera y Segunda de Propiedad Intelectual contra la piratería en línea, la nueva regulación en el derecho de cita y reseña con fines educativos y científicos, así como lo establecido en el reparto, pago y prescripción de derechos a las entidades de gestión que establece la ley.
