Con esta decisión, Uber pretende demostrar que la imposición en España vulnera las directrices europeas y "protege el monopolio del taxi". Lo cuenta el diario El País, que tiene en su poder el documento de denuncia y ha explicado el contenido del mismo.
Como decíamos al comienzo, la historia se remonta al pasado mes de diciembre, momento en el que un juez de lo mercantil estimó la denuncia del gremio del taxi en Madrid. Un auto que obligó tanto a las operadoras de comunicaciones como a las entidades de pago a la suspensión y bloqueo al acceso de Uber. Ahora, según el documento de denuncia de la compañía, existen hasta cinco tipos de violaciones que chocarían con las normas europeas tras la prohibición en España. Estos puntos afectarían a las siguientes normas:
Directivas de comercio electrónico
Directivas de servicios
Principio de neutralidad tecnológica
Libertad de prestación de servicios
Carta de derechos fundamentales de la Unión Europea
La defensa principal de Uber se basa en que su función es la de una “intermediación electrónica”, y no la de un medio de transporte de personas. Bajo este principio, la denuncia lanzada deja ahora en manos de la CE la decisión de presionar o no a España para que permita operar al servicio en nuestro país (hasta ahora Europa ha dejado en manos de los estados el poder de decisión sobre Uber). Pero incluso aunque se diera esta situación, España podría negarse ante las presiones europeas y Uber tendría que llevar el caso hasta el Tribunal Europeo de Justicia.