ZTE se enfrentaba a una pena de muerte de facto después de que fuera acusada de haber quebrantado un acuerdo firmado en 2017 con Estados Unidos después de que admitiera haber estado suministrando tecnología con componentes estadounidenses a países como Irán y Corea del Norte. Esta reincidencia la condenó a la privación de los elementos técnicos suministrados por Qualcomm, proveedora de entre el 24 y el 30 % de las piezas de sus dispositivos.
Dada la imposibilidad de cambiar de proveedor de forma inmediata, satisfacer las necesidades del servicio técnico y mantener su gama actual (por no hablar de la necesidad de rediseñar toda su estrategia a corto y medio plazo), ZTE hubiera desaparecido.
Los términos del acuerdo final son ligeramente distintos a los anunciados inicialmente. Finalmente ZTE no deberá pagar 1.300 millones de dólares, sino 1.000 millones exactos. A ese millardo se sumarán otros 400 millones en concepto de fianza, que se perderán automáticamente si ZTE vulnera de nuevo las condiciones del acuerdo.
Asimismo (y este tal vez sea el detalle más interesante del asunto), ZTE sustituirá toda la junta directiva y las posiciones ejecutivas senior de ZTE Kangxun y ZTE Corporation. La nueva directiva, además, estará tutelada por unos "coordinadores de cumplimiento" dispuestos para garantizar que la empresa mantiene sus compromisos. Su labor tendrá una duración de diez años.
Según señala el Departamento de Comercio de Estados Unidos, esta es la sanción más elevada jamás impuesta por las autoridades estadounidenses y busca establecer un precedente de cara a futuras infracciones.