El caso se remonta a 2015, cuando un usuario de Menéame llamó "hijo de puta" a Diego López, por aquel entonces concejal de Fiestas del PP de Marbella, en relación a una noticia sobre los dispendios de dicho departamento. Ya en 2017, un juzgado marbellí determinó que expresiones como "hijo de puta" o "ladrón" no iban dirigidas hacia la persona de López sino que eran generales y emitidas en relación a una "manera de hacer política".
Ante esta situación, el demandante recurrió a la Audiencia Provincial, que sí le dio la razón. En su veredicto, dichas expresiones "atentan contra el derecho al honor o la intimidad" de López, pero lo que es casi igual de importante: consideran que Menéame es un "prestador de servicio" y no un agregador de noticias, por lo que estaba obligado a retirar dichos insultos tan pronto como tuviera constancia de los mismos.
Desde el Bufet Almeida, representante legal de Menéame, la ratificación de la sentencia de la Audiencia Provincial por parte del Supremo "puede afectar a medio Internet", puesto que podría extenderse a foros, secciones de comentarios y redes sociales. El dinero no es el problema, aseguran los gestores del agregador, sino sus posibles efectos en la libertad de expresión en Internet.
Según el abogado Carlos Sánchez Almeida, la decisión es "una barbaridad que va incluso contra la directiva comunitaria a la que deja sin contenido" y será recurrida al Tribunal Constitucional, por lo que aún no está dicha la última palabra.