La Comisión Federal de Comercio (FTC), una agencia independiente del gobierno de los Estados Unidos que tiene como misión proteger a los consumidores y promover la competencia, ha presentado una demanda que busca bloquear la compra de ARM por parte de Nvidia. Esta petición, que surge como conclusión de una investigación, supone un gran obstáculo para completar la operación valorada en 40.000 millones de dólares.
ARM es una compañía británica propiedad de Softbank que no suministra ni comercializa chips, pues su trabajo consiste en crear y otorgar licencias de diseños y arquitecturas a cualquier cliente, incluyendo Nvidia, Apple, Qualcomm y Samsung entre muchos otros. Si esto cambia y Nvidia se hace con ARM, la FTC sostiene que la compañía resultante daría a una de las empresas de chips más grandes del mundo el control sobre la tecnología y los diseños en los que confían firmas rivales para desarrollar sus propios chips.
La comisión también alega que la unión entre Nvidia y ARM crearía un conglomerado con “la capacidad y el incentivo para usar su control sobre esta tecnología para socavar a sus competidores”, lo que reduciría la competencia, bajaría la calidad de los productos y daría como resultado final un aumento de precios y un menor número de opciones. Nvidia es uno de los múltiples clientes de ARM, así que su compra le permitiría tener una ventaja injusta en mercados como los sistemas avanzados de asistencia al conductor y centros de datos.
Además, la FTC plantea otro tipo de preocupaciones, como por ejemplo que Nvidia tenga acceso a información confidencial de los licenciatarios de ARM con los que compite. Asimismo, afirma que Nvidia podría desincentivar inversiones en productos y diseños si entran en conflicto con sus propios intereses. Un portavoz de Nvidia asegura a Reuters que la compañía continuará “trabajando para demostrar que esta transacción beneficiará a la industria y promoverá la competencia”.
Las preocupaciones que tiene la FTC sobre la compra de ARM por parte de Nvidia son muy parecidas a las expresadas por la Comisión Europea, que desde octubre tiene en marcha su propia investigación para determinar si se opone o no a la operación. Si tenemos en cuenta que las pesquisas de la FTC se han hecho en colaboración con otras agencias similares de la Unión Europea, Reino Unido, Japón y Corea del Sur, podemos intuir que la Comisión Europea llegará a la misma conclusión.
