La sombra de la corrupción se proyecta sobre el Parlamento Europeo, y su forma se parece mucho a la del logo de Huawei. Eso es al menos lo que cree la justicia belga, que a instancias de un juez de instrucción financiera y de la fiscalía federal ha llevado a cabo 31 registros en Bruselas, Flandes, Valonia y Portugal, así como detenido a varios lobistas del gigante chino.
Esta operación ha tenido lugar tras meses de investigaciones, reveladas tras las detenciones por el diario Le Soir, la revista Knack, la plataforma holandesa de transparencia Follow the Money y una asociación de periodistas griegos.
Según sospecha la fiscalía belga, Huawei habría sobornado a "eurodiputados actuales o antiguos" con el propósito de impulsar sus negocios en la Unión Europea. Esta actividad se habría intensificado en 2019 como respuesta a las presiones de Estados Unidos para excluir a Huawei de las infraestructuras de comunicaciones, y que culminaron con el bloqueo total de facto en el país estadounidense y la pérdida de los servicios de Google.
La investigación, que se había desarrollado en secreto hasta este jueves bajo el nombre "Generación", ha requerido la participación de un centenar de agentes y devenido en varios cargos de corrupción, falsificación y uso de documentos falsificados, blanqueo de dinero y organización criminal.
Al parecer, se sospecha de que al menos 15 eurodiputados fueron sobornados por los lobistas de Huawei para favorecer los negocios de la compañía. Por ahora se desconocen sus nombres, pero sabemos que la estrategia de Huawei habría sido liderada por Valerio Ottati, un lobista (director de asuntos públicos de la oficina de Huawei en la Unión Europea desde 2019, más concretamente) que anteriormente fue asistente de dos exdiputados italianos, uno del PPE (Partido Popular Europeo) y otro del grupo S&D (Socialistas y Demócratas).
De acuerdo con las pesquisas, Ottati habría organizado invitaciones a eventos, ofrecido regalos en especie (entradas a partidos de fútbol, teléfonos) y "transferencias de algunos miles de euros". Esta última acusación es la más peliaguda, puesto que según la fiscalía el dinero se habría mezclado con pagos por conferencias e intermediarios para disimular su origen, lo que en la práctica supone lavado de dinero.
Por ahora se desconoce si entre los eurodiputados bajo sospecha hay algún español.
