Es necesario decir que, en contra de algunas informaciones que se han podido leer por ahí, el voto del Parlamento no hace ley. Este tipo de iniciativas deben seguir un trámite, y en este caso la resolución sirve para conminar a la Comisión Europea a "en consulta con las partes interesadas pertinentes, una estrategia amplia con medidas que diferencien entre categorías de productos y tengan en cuenta la evolución del mercado y la tecnología para apoyar a las empresas y los consumidores y promover patrones de producción y consumo sostenibles".
A partir de ahora la Comisión deberá establecer un diálogo con fabricantes, vendedores y organizaciones de consumidores (entre otros posibles actores implicados) para definir qué clase de productos deberían mostrar este etiquetado, así como diseñar los mensajes visuales que mostrarán la vida útil estimada y la puntuación de reparabilidad, que "debe proporcionar inmediatamente información visible, clara y fácilmente comprensible a los consumidores en el momento de la compra", igual que las etiquetas de consumo y eficiencia.
Asimismo, el texto pide el establecimiento de un derecho a la reparación reconocido como tal, que se describe de la siguiente forma:
[La estrategia de reparación] Solicita a la Comisión que establezca un «derecho de reparación» de los consumidores con el fin de que las reparaciones sean sistemáticas, rentables y atractivas, tengan en cuenta las características específicas de las diferentes categorías de productos, en consonancia con las medidas ya adoptadas para varios aparatos domésticos en virtud de la Directiva sobre diseño ecológico:
a) proporcionando a los agentes del sector de la reparación, incluidos los talleres de reparación independientes, y a los consumidores acceso gratuito a la información necesaria sobre la reparación y el mantenimiento, en particular la información sobre herramientas de diagnóstico, piezas de recambio, programas informáticos y actualizaciones necesarias para realizar reparaciones y mantenimiento, teniendo en cuenta al mismo tiempo los imperativos en materia de seguridad de los consumidores, sin perjuicio de lo dispuesto en la Directiva (UE) 2016/943,
b) fomentando un proceso de estandarización de las piezas de recambio que favorezca la interoperabilidad y la innovación, respetando al mismo tiempo los requisitos de seguridad de los productos,
c) estableciendo un período mínimo obligatorio para el suministro de piezas de recambio que refleje la vida útil estimada del producto después de la introducción en el mercado de la unidad final, así como plazos de entrega máximos razonables por categoría de producto, de conformidad con los Reglamentos de Ejecución sobre el diseño ecológico, aprobados el 1 de octubre de 2019, que deben ampliarse a una gama más amplia de productos,
d) velando por que el precio de una pieza de recambio sea razonable y, por tanto, rentable, en relación con el precio de todo el producto, y por que los talleres de reparación independientes y autorizados, así como los consumidores, tengan acceso a las piezas de recambio necesarias sin obstáculos injustos,
e) alentando la reparación en vez de la sustitución, mediante la extensión de las garantías o la reinicialización de los períodos de garantía para los consumidores que se decanten por esta opción en el contexto de preparación de la revisión de la Directiva (UE) 2019/771 y a la luz de un análisis de rentabilidad tanto para los consumidores como para las empresas, y garantizando que los vendedores siempre informen a los consumidores de la opción de reparación y los derechos de garantía correspondientes,
f) evaluando cómo podrían facilitarse las reparaciones, a través del establecimiento, a escala de la Unión, de una garantía legal para las piezas sustituidas en un taller de reparación profesional cuando los productos ya no se hallen cubiertos por la garantía legal o comercial en el contexto de preparación de la revisión de la Directiva (UE) 2019/771,
g) animando a los Estados miembros a que creen incentivos, como la «bonificación del artesano», que promueven las reparaciones, en particular después del vencimiento de la garantía legal, para los consumidores que lleven a cabo reparaciones a través de talleres autorizados independientes;
Yendo más allá del etiquetado y los baremos relacionados con la durabilidad física de los productos, la resolución contiene algunos puntos muy interesantes. Por ejemplo, señala que "los productos con elementos digitales" deberán ser examinados para incorporar en los índices de durabilidad "las actualizaciones correctoras", que "deberán mantenerse separadas de las actualizaciones evolutivas, que habrán de ser reversibles, y ninguna actualización deberá reducir nunca el rendimiento o la capacidad de respuesta del producto". Asimismo, la resolución pide a la Comisión que "tenga en cuenta las decisiones del Parlamento sobre el establecimiento de un sistema de carga común".
El trabajo real de cara a garantizar el derecho a la reparación en la Unión Europea comienza ahora, y aunque la meta es tener la legislación lista para 2021, al menos parcialmente, no conviene echar las campanas al vuelo.
