En 2020 el Parlamento Europeo votó a favor del derecho a reparar, y cuatro años después una amplia mayoría del mismo organismo toma nuevas medidas para que las reparaciones sean más fáciles y atractivas para los consumidores. El objetivo es reducir el coste de los residuos y reforzar el sector de la reparación en la Unión Europea.
El refuerzo del derecho a reparar empieza por obligar a los fabricantes a prestar servicios de reparación “oportunos y rentables” e informen a los consumidores sobre sus derechos. La garantía legal de los bienes reparados podrá ampliarse un año, y una vez expirada “el fabricante seguirá obligado a reparar productos domésticos comunes, técnicamente reparables según la legislación de la Unión Europea”. Hablamos de lavadoras, aspiradores y teléfonos inteligentes. La lista de categorías de productos podría ampliarse en el futuro.
La nueva normativa también contempla que el consumidor pueda pedir prestado un dispositivo mientras el suyo está siendo reparado, u optar por una unidad reacondicionada como alternativa si la reparación no es posible.
Para facilitar el ejercicio del derecho a la reparación, se creará una plataforma europea en línea y con secciones nacionales para ayudar a los consumidores a encontrar talleres de reparación locales, vendedores de productos reacondicionados, compradores de artículos defectuosos o iniciativas de reparación comunitarias. Los fabricantes tendrán que poner a disposición de sus clientes piezas de recambio y herramientas “a un precio razonable”, y no podrán recurrir a cláusulas contractuales, técnicas o software para impedir la reparación de bienes. Asimismo, no podrán impedir el uso de repuestos de segunda mano o impresos en 3D por un tercero.
Cuando el Consejo Europeo adopte formalmente esta directiva y se publique en el Diario Original de la Unión Europea, los estados dispondrán de 24 meses para incorporarla a la legislación nacional.
“El derecho de los consumidores a reparar productos se convertirá ahora en una realidad”, dice René Repasi, ponente de las medidas. “Reparar será más fácil y más barato que comprar artículos nuevos y caros. Se trata de un logro significativo para el Parlamento y su compromiso de empoderar a los consumidores en la lucha contra el cambio climático. La nueva legislación extiende la garantía legal en doce meses si se opta por la reparación, facilita el acceso a las piezas de repuesto y garantiza arreglos más sencillos, baratos y rápidos”.
