Como veo que mi comentario ha levantado ampollas, quiero hacer unas puntualizaciones:
a) ETA no tiene que crear ninguna asociación de víctimas ni de pollas en vinagre, simplemente tiene que desaparecer y punto, no pinta nada.
b) Mis enlaces a
una página de víctimas del terrorismo, principalmente de ETA (COVITE) y a
una resolución del parlamento vasco aprobado por unanimidad de todos los grupos, incluídos PP y UPyD iba a colación de todas esas risitas y cachondeos acerca de que la policía nunca había roto un plato, que si a patatín que si patatán. Pues bueno, según el informe del departamento de derechos humanos del gobierno vasco,
presidido por la viuda de una víctima de ETA, ha habido 109 muertes demostradas por parte de la policía, quedando excluidos los enfrentamientos armados con miembros de ETA, y más de 500 heridos aparte de todos los cometidos por organizaciones terroristas parapoliciales y de ultraderecha.
Podeis acusarme a mí de proetarra, o a COVITE (que tendría cojones la cosa) o al parlamento vasco, como querais, pero eso no cambia el hecho de que ha habido decenas de muertos en actuaciones criminales de las fuerzas policiales y otros en estas décadas.
Y esos son únicamente los que ha reconocido el parlamento vasco, en Navarra, donde la ley de víctimas solo reconoce a las de ETA y parece que los demás muertos se mueren solos, tenemos también casos para aburrir: Gladys del Estal, Germán Rodríguez, Angel Berrueta, los dos de Montejurra y tantos y tantos otros,
NINGUNO DE LOS CUALES ERA DE ETA Y MUCHOS NI SIQUIERA DE LA IZQUIERDA ABERTZALE (así, en gordo, a ver si alguno se entera). Pues no vería mal una Asociación de Víctimas del Terrorismo que las agrupase y defendiese sus derechos ante el parlamento de Navarra y el Español, ninguno de los cuales los reconoce como víctimas del terrorismo (igual porque piensan lo mismo que cierto famoso hijoputa ministro del interior después de que la policía entrase en la plaza de toros de Pamplona disparando a las gradas con fuego real, lo que provocó muchos heridos y un muerto en los disturbios posteriores: "Lo nuestro solo son errores, lo de ellos son crímenes").
Pero por supuesto no en una asociación promovida ni propuesta por ETA, ya he dicho que ETA no pinta nada en esta sociedad, sino impulsada por familiares o por movimientos populares. También son víctimas del terrorismo de estado, de elementos incontrolados de la policía o de grupúsculos de extrema derecha.
Eso o que se les permita asociarse a las ya existentes. Me parece justo que tengan los mismos derechos las víctimas del GAL, del BVE, del ATE, de GANE, de los guerrilleros de Cristo rey o los de la policía en actuaciones criminales (no en enfrentamientos con ETA) que las que les corresponde a las víctimas de ETA, del GRAPO o de los Comandos Autónomos Anticapitalistas.
Mira, Willow, ejemplos de tus peligrosos terroristas que tienen que ir a mamarla a Parla. Se ve que no te gusta leer los enlaces de otros, quizá porque igual no te guste lo que veas:
Ocurrió a la una de la madrugada del domingo 20 de enero de 1980. Liborio Arana acababa de entrar en el bar Aldana de Alonsótegui, un barrio de Barakaldo (Vizcaya), cuando estallaron seis kilos de Goma 2. Murieron Manuel Santa Coloma, el matrimonio formado por María Paz Armiño y Pacífico Fica y el propio Liborio. Otras 10 personas resultaron heridas. "Aquella bomba, con un dispositivo de relojería, se colocó con una intención muy perversa. Sus autores sabían que iba a haber una matanza porque la colocaron un domingo de madrugada, cuando el bar solía estar lleno", señala Iñaki Arana, hijo de Liborio.
Al día siguiente, los Grupos Antiterroristas Españoles (GAE) reivindicaron el atentado. El texto decía: "Por cada miembro de las FOP o Guardia Civil caerán cuatro componentes de la izquierda abertzale". Como otros tantos atentados de la ultraderecha en el País Vasco, el caso jamás llegó a juicio ni se detuvo a ningún sospechoso.
El bar estaba regentado por el matrimonio formado por José Ángel González y Garbiñe Zárate, militantes del PNV. "Era un bar al que acudía mucha gente del pueblo, muchos de ellos nacionalistas. Los autores fueron grupos parapoliciales", señala Arana, ertzaina de profesión, profesión que ya desempeñaba cuando sucedieron los hechos.
Arana recuerda que entregó los restos de la bomba a un grupo de policías procedentes de Bilbao. Pero nunca llamaron a declarar por aquel asesinato ni a él ni a ningún vecino. Más tarde supo que encargaron la investigación al inspector José Amedo, que años más tarde sería condenado por pertenecer a los GAL. El caso fue sobreseído el 12 de mayo de 1981 y no hubo juicio.
Pese a ser ertzaina, Arana no logró la implicación del Gobierno vasco. "En aquel momento, la Administración vasca estaba en sus inicios. Todo lo que logramos fue que Xabier Arzalluz lo recordara en sus discursos". "Perdimos a mi padre. Quedamos mi madre y ocho hermanos. Salimos adelante sin que nadie nos ayudara", finaliza Arana.
Muchos de aquellos atentados provocaron víctimas en personas alejadas de la militancia de ETA y de la política partidista, sobre todo a comienzos de los años ochenta, como el de Alonsótegui o el de la plaza de Amézola de Bilbao el 23 de julio de 1980.
Sobre las 21.30 de ese día estalló una bomba de dos kilos de goma 2 a pocos metros de la puerta de la guardería Iturriaga-Haurtzaindegia que mató a María Contreras, de 17 años, embarazada; a su hermano, Antonio Contreras, de 11 años, y a Anastasio Leal, empleado del servicio de limpiezas del Ayuntamiento de Bilbao, de 58 años de edad, que llevaba tan sólo ocho años en Euskadi.
La hija de Anastasio Leal, Ramira, recuerda la muerte de su padre: "Sabíamos que la bomba no iba contra él, pero lo que más me duele es que no se haya localizado a sus autores". Lo reivindicó la Triple A y las sospechas se centraron en que la bomba iba dirigida contra el propietario del centro, Antonio Artiñano, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Ceberio (Vizcaya) por Herri Batasuna.
Ramira recuerda que en este atentado no hubo investigación policial y, pasado el eco mediático, todo se olvidó. La Administración no se puso en contacto con la familia. "Salimos adelante mi madre y mis hermanos, con nuestro esfuerzo. Lo que hoy lamentamos es que no haya un reconocimiento de estas víctimas, similar al de las de ETA", dice Ramira Leal.
No es el caso de la familia de María José Bravo. Pertenece a uno de los nueve casos denegados. Esta muchacha de 16 años fue asesinada la tarde del 8 de mayo de 1980 en el barrio de Loyola de San Sebastián. Acompañaba a su novio, Javier Rueda, en su visita a la aseguradora para hacerse la cura de una quemadura por un accidente de trabajo. Un testigo los vio por última vez sobre las seis de la tarde.
A las 19.20, Javier Rueda fue recogido en el camino de la Misericordia con una fractura del hueso craneal y hundimiento del parietal derecho. El cuerpo de María José Bravo apareció a las seis de la tarde del día siguiente, a unos 200 metros del lugar en que fue recogido su novio. Pudo saberse que un grupo salió al paso de ambos jóvenes y golpeó con un bate de béisbol a Rueda hasta dejarlo sin sentido. A María José la secuestraron y asesinaron por el mismo sistema tras violarla. El asesinato fue reivindicado por el Batallón Vasco Español.
En este caso tampoco hubo investigación policial ni actuación judicial, según el informe del Gobierno vasco. La familia Bravo lo confirma. Alberto, hermano de María José, recuerda que ni siquiera recuperaron la ropa de su hermana que se llevó la policía para la investigación. "El gobernador, Pedro de Arístegui, nos dijo que había desaparecido", afirma Alberto.
La familia no recuerda que acudieran autoridades al funeral. Nadie conectó con ella. No hubo investigación ni juicio ni indemnización. El informe citado del Gobierno vasco reivindica la condición de víctima de la familia Bravo, que está convencida de que su hermana y su novio fueron confundidos con otras personas por los asesinos. "La familia quedó destrozada. Era la hermana menor, y mis padres sólo vivían para ella. Mi padre ya no fue el mismo. Murió pronto. El novio también murió hace tiempo. No se recuperó de unas lesiones tan graves", recuerda Alberto.
Otro de los numerosos casos en que no ha habido juicio ni sentencia es el del asesinato de José Antonio Cardosa, joven cartero de 22 años. Fue un asesinato cometido el 20 de septiembre de 1989, en Renteria (Guipúzcoa), cuando ya estaba prácticamente extinguida la actividad de los grupos parapoliciales.
A las 14.25 de ese día, Cardosa trataba de introducir un paquete en un buzón de un domicilio de Renteria. El paquete estalló y el joven cartero murió. La explosión produjo un boquete en la pared justo encima del buzón de Ildefonso Salazar, militante de Herri Batasuna, que había sido detenido cinco veces y había cumplido un año de prisión por colaboración con ETA.
Si no lo veis así, igual el que tiene el derecho a llamaros proterroristas soy yo a algunos de vosotros.
![[+risas]](/images/smilies/nuevos/risa_ani3.gif "más risas")
no puedo con esto. Madre mía si eso lo somos todos! 
![[maszz]](/images/smilies/nuevos2/dormido.gif "otro q duerme")
![[bye]](/images/smilies/nuevos2/adio.gif "adios")
