La compañía ha llegado a un acuerdo con los abogados que representan a un máximo de 10 millones de propietarios de la consola PS3, la primera versión. Se trata de un acuerdo, que ahora deberá ser aprobado por un juez federal, según el cual los usuarios pueden elegir recibir 55 dólares si usaban Linux en la consola. El acuerdo propuesto, que será examinado por el juez el próximo mes de julio, también proporcionaría 9 dólares a cada propietario de la consola que hubiera comprado esa primera versión en base a la opción y funcionalidad de “otro sistema operativo”.
No solo eso, el acuerdo también proporciona hasta 2,25 millones de dólares en honorarios de los abogados que representan a los demandantes. En otras palabras, a Sony le puede salir la actualización que hizo en su momento bastante cara. Según el plan, los usuarios de PS3 pueden optar a un pago en efectivo, válido para “todas aquellas personas de Estados Unidos que compraron el modelo de PS3 entre el 1 de noviembre del 2006 y el 1 de abril del 2010”.
Como muchos recordarán la historia se remonta al lanzamiento de las primeras PS3 y la inclusión entre las opciones de instalar una distribución de Linux en la consola. Tiempo después Sony lanzó una actualización para la PS3 (la 3.21) anunciando que la misma desactivaba la opción de instalar otro sistema operativo. La mayoría pensó que la maniobra se debía a la potencial piratería gracias al uso de Linux en la consola, ya que según Sony la eliminación se debía a “razones de seguridad”.
Así llegó la demanda conjunta en defensa de los usuarios, quienes reclamaban que se sentían engañados ante la compra de una consola que vendía una opción que al poco tiempo fue eliminada. Según se explicaba en la demanda:
A Sony lo que le preocupaba realmente era que la otra característica del sistema operativo podría ser utilizada por los hackers para copiar y / o robar juegos y otros contenidos.
Para empeorar las cosas Sony añadió que la actualización había sido voluntaria, pero lo cierto es que sin realizarla los propietarios de la consola no se podían conectar al servicio de PlayStation Network, jugar online o incluso reproducir Blu-rays por la necesidad de un nuevo firmware.
Antes del acuerdo, la compañía intentó darle la vuelta a la situación argumentando que sus términos de servicio autorizaban eliminar dicha característica del SO y que la funcionalidad no era “tan importante” para la mayoría de los dueños de la consola.
Obviamente no consiguieron su objetivo y al acuerdo actual solo le falta la firma del juez para que se haga efectivo. De ser así y para obtener esos 55 dólares, los usuarios norteamericanos deben afirmar bajo juramento la efectiva compra de la consola y la instalación de Linux, además deben presentar una prueba de compra de la misma o número de serie junto a una prueba del uso del SO en su momento.