YouTube tiene un problema realmente grave con el sistema de takedowns. Los conflictos con los propietarios de los derechos de autor de vídeos, canciones o incluso partituras son fuente continua de dolores de cabeza para unos creadores de contenidos que se enfrentan rutinariamente a notificaciones de retirada y desmonetización incluso sin infringir las normas.
Ante esta situación tan caótica, algunas personas poco escrupulosas han decidido lucrarse con todo tipo de artimañas. A un ciudadano estadounidense llamado Christopher Brady le salió mal.
Brady ha aceptado pagar una sanción de 25.000 dólares por abusar del sistema de retirada de contenidos de YouTube, cuya debilidad había explotado ilícitamente. El caso es significativo porque fue la propia YouTube quien llevó a juicio a Brady el pasado mes de agosto después de recibir quejas por parte de varios streamers afectados por notificaciones de infracción de derechos de autor fraudulentas.
El método utilizado por Brady para lucrarse se basaba en la fragilidad inherente del sistema de reportes de YouTube. Básicamente, localizaba a sus víctimas, streamers especializados en Minecraft, y marcaba sus vídeos con dos infracciones de copyright. A continuación los streamers recibían un mensaje anónimo en el que se les conminaba a pagar una cierta cantidad de dinero en efectivo o en Bitcoins si querían evitar el tercer strike.
Según los testimonios recogidos, un usuario de YouTube recibió un mensaje exigiendo el pago de 300 dólares por PayPal o 200 mediante Bitcoin.
En otra ocasión, relata YouTube, Brady marcó varios vídeos de un youtuber con el que mantenía un enfrentamiento personal con varias denuncias de infracción. El youtuber inició el proceso de impugnación, que siguiendo la ley debe contener el nombre real y la dirección del presunto infractor. Esta información fue facilitada a Brady. Varios días después su víctima anunció que había sido víctima de swatting (el envío fraudulento de la policía a un domicilio mediante una falsa denuncia). No existe la certeza de que Brady fuera el responsable, pero en su demanda YouTube indicó que "parecía" ser el caso.
El acuerdo alcanzado entre YouTube y Brady contempla una indemnización por daños de 25.000 dólares, una admisión de culpa reconociendo el envío de "docenas de notificaciones" fraudulentas y el compromiso de no enmascarar su identidad real "en futuras interacciones en o con los servicios ofrecidos por Google LLC o sus afiliados, incluyendo pero no limitándose a los servicios de YouTube".
