Apple ha ganado provisionalmente el pulso que mantenía con la Comisión Europea a cuenta de los impuestos que pagaba (o no pagaba, según el prisma) a través de su filial en Irlanda. El Tribunal General de la Unión Europea ha considerado que el departamento de Competencia no ha podido demostrar fehacientemente que los acuerdos fiscales entre Apple y el gobierno irlandés fuera constitutivos de ayuda estatal ilícita, por lo que no deberá pagar los 13.000 millones de euros que se le reclamaban.
En su dictamen, el Tribunal General indica que "la Comisión no proporcionó el estándar legal necesario para demostrar que hubo una ventaja en base a los propósitos del Artículo 107(1) TFEU", por lo que "la Comisión erró al declarar que ASI y AOE habían recibido ventaja económica selectiva y, por extensión, ayuda estatal".
Los 13.000 millones de euros reclamados a Irlanda tras el dictamen inicial estaban hasta ahora depositados en un fondo de garantía.
La noticia es sin duda un durísimo revés para la oficina encabezada por Margrethe Vestager, que ha hecho de la persecución de este tipo de prácticas uno de sus caballos de batalla. Como indica la noticia publicada por Bloomberg, la comisaria de competencia se ha pasado los últimos cinco años denunciando ilegalidades en los acuerdos establecidos por muchas de las grandes firmas tecnológicas, hasta el punto de que su nombre se ha convertido en sinónimo de malas noticias en Silicon Valley.
Por lo que respecta al gobierno irlandés, desde Dublín siempre se ha mantenido que los acuerdos impositivos negociados con Apple no ofrecían ventajas competitivas frente a sus rivales. Este era un punto particularmente candente, puesto que el la firma californiana pagaba una tasa del 1 % sobre los beneficios generados en Europa en 2003 y que se redujo hasta el 0,005 % en 2014, cuando lo normal era el 12,5 %.
Dicho todo esto, a pesar de su visible satisfacción, la noticia no es totalmente positiva para Irlanda. Por un lado el país mantiene su buena relación con Apple, pero por otro dejará de recibir los 13.000 millones de euros, puesto que al ser tributos no cobrados ese dinero no hubiera ido a las arcas de la Unión Europea como sucede con las sanciones por otro tipo de prácticas. Y en cualquier caso, la presión contra las multinacionales con acuerdos fiscales continuará.
La decisión del Tribunal General puede ser apelada, por lo que es posible que esta historia aún esté lejos de concluir.
