De forma más concreta, el documento en cuestión detalla las opiniones del Consejo con respecto a una posible ley para limitar la difusión de contenidos con abuso de menores, para lo cual sería necesario eliminar el cifrado de punto a punto o implementar puertas traseras que facilitaran el escaneo de mensajes en toda clase de servicios comunicación.
El punto más interesante en lo que nos atañe es que la postura del gobierno de España sería según Wired la más extrema de todas. "Idealmente, en nuestra opinión, sería deseable evitar que los proveedores de servicios con sede en la UE pudieran implementar cifrado de punto a punto", habrían afirmado los representantes españoles.
Otros países habrían expresado que "el cifrado de punto a punto no es motivo para no reportar material con abuso de menores" (Croacia), que "las órdenes de detección deben también deben aplicarse necesariamente a las redes cifradas (Eslovenia) y que "No queremos que el cifrado se convierta en un puerto seguro para actores maliciosos" (Rumanía).
La de España sería la postura más radical de las contenidas en todo el documento, que detalla la opinión de 20 países en lo que respecta a cuestiones como si consideran el cifrado de punto a punto una simple molestia o si preferirían una ley donde se estipulara que no deberían debilitarse las tecnologías de cifrado para combatir la difusión de materiales nocivos.
Wired indica que ninguno de los estados miembros ha negado la veracidad del documento, y Estonia, de hecho, habría confirmado su postura. El desglose por países no ha sido publicado, pero según la revista, 15 de los 20 estados cuya opinión aparece plasmada en el documento son favorables a escanear las comunicaciones con cifrado de punto a punto en busca de material con abuso de menores. Esto, por supuesto, implicaría evitar el uso de cifrado directamente de raíz (como exige España) o introducir puertas traseras, que lógicamente podrían ser explotadas para otros usos.