Liberalismo: Hilo liberal para liberales y no liberales

Este hilo versa sobre el liberalismo como filosofía de vida, sobre dar una correcta definición y los valores que persigue y en los que se apoya, aportar medidas concretas de un hipotético gobierno liberal en España a través del programa marco del Partido Libertario (P-LIB) sin perseguir en ningún momento la publicidad hacia dicho partido, informar de manera correcta sobre el liberalismo (suele confundirse con la derecha) y, sobre todo, debatir sobre cómo puede mejorase un ideal de por si justo como es lo que representa la igual libertad, pues en el liberalismo se admiten todas las opiniones e ideas, y no todo siempre es blanco o negro (por ejemplo, libertad de posesión de armas de fuego como defensa o prohibición por atentar contra la libertad y seguridad del resto de individuos?).

¿Qué es el liberalismo?
El liberalismo es una filosofía política que defiende la libertad individual, la iniciativa privada y limita la intervención del Estado y de los poderes públicos en la vida social, económica y cultural. Asimismo, se identifica como una actitud que propugna la libertad y la tolerancia en las relaciones humanas, fundamentada en el libre albedrío. Promueve, en suma, las libertades civiles y económicas, y se opone al absolutismo, al despotismo ilustrado y al conservadurismo. Constituye la corriente en la que se fundamentan tanto el Estado de derecho, como la democracia participativa y la división de poderes.

Desde sus primeras formulaciones, el pensamiento político liberal se ha fundamentado sobre tres grandes ideas:
-Los seres humanos son racionales y poseen derechos individuales inviolables, entre ellos, el derecho a configurar la propia vida en la esfera privada con plena libertad, y los derechos a la propiedad y la felicidad. Esto se basa en los tres derechos naturales de John Locke: vida, libertad y propiedad privada.
-El gobierno y, por tanto, la autoridad política, deben resultar del consentimiento de las personas libres, debiendo regular la vida pública sin interferir en la esfera privada de los ciudadanos.
-El Estado de Derecho obliga a gobernantes y gobernados a respetar las reglas, impidiendo el ejercicio arbitrario del poder.

Aboga principalmente por:
-El desarrollo de los derechos individuales y, a partir de éstos, el progreso de la sociedad.
-El establecimiento de un Estado de derecho, donde todas las personas sean iguales ante la ley (igualdad formal), sin privilegios ni distinciones, en acatamiento de un mismo marco mínimo de leyes que resguarden las libertades y el bienestar de las personas.

El liberalismo surgió de la lucha contra el absolutismo, inspirando en parte en la organización de un Estado de derecho con poderes limitados —que idealmente tendría que reducir las funciones del gobierno a seguridad, justicia y obras públicas— y sometido a una constitución, lo que permitió el surgimiento de la democracia liberal durante el siglo XVIII, todavía vigente hoy en muchas naciones actuales, especialmente en las de Occidente.

Dejo dos videos de Rallo, un verdadero liberal:
https://www.youtube.com/watch?v=yD2TD6hjzC4

https://www.youtube.com/watch?v=8J9geVdHygw

Espectro político
El liberalismo se sitúa como valuarte de la libertad, y por ello es contrario a la falta de esta. El liberalismo se opone al comunismo por su falta de libertad economica, se opone al conservadurismo por su falta de libertad personal, y es antagónico al totalitarismo. En la actual España y Europa prima la socialdemocracia, el centro.



Características
Sus características principales son:
-El individualismo, que considera al individuo primordial, como persona única y en ejercicio de su plena libertad, por encima de los aspectos colectivos.
-La libertad como un derecho inviolable que se refiere a diversos aspectos: libertad de pensamiento, de culto, de expresión, de asociación, de prensa, etc., cuyo único límite consiste en no afectar la libertad y el derecho de los demás, y que debe constituir una garantía frente a la intromisión del gobierno en la vida de los individuos.
-El principio de igualdad ante la ley, entendida referida a los campos jurídico y político. Es decir, para el liberalismo todos los ciudadanos son iguales ante la ley y ante el Estado.
-El derecho a la propiedad privada como fuente de desarrollo e iniciativa individual, y como derecho inalterable que debe ser salvaguardado y protegido por la ley.
-El establecimiento de códigos civiles, constituciones e instituciones basadas en la división de poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), y en la discusión y solución de los problemas por medio de asambleas y parlamentos.
-La libertad de cultos y la separación del estado y la iglesia en un Estado laico.

Medidas liberales
Para concretar la idea del liberalismo en la política y en la sociedad, voy a coger prestado algunos fragmentos del programa marco del Partido Libertario, al ser el único partido realmente liberal en España.

Prólogo
Para devolver el poder al ciudadano, es imprescindible que el Estado asuma su papel de árbitro y no de jugador, de juez y no de parte. El Estado tiene pocos pero importantes cometidos, que generalmente desatiende para asumir un amplio abanico de funciones que no le corresponden. Si no se vigila y limita constantemente su expansión, el Estado incurre, por su propia naturaleza, en un crecimiento exponencial que llega a desarrollar una espiral monstruosa, ya que es enorme la presión a los políticos para que intervengan en todo tipo de cuestiones a favor de los grupos organizados que se lo exigen. Esa intervención detrae recursos del resto de los ciudadanos (la mayoría silenciosa no organizada) y hace crecer la presión fiscal (sobre todo la que pesa sobre las capas medias y bajas de la población), la deuda pública que el Estado contrae en nuestro nombre y la ingente base de empleados estatales que pagamos entre todos. Denunciamos esa permanente alianza entre los políticos y toda clase de grupos organizados, en perjuicio del individuo. El Partido Libertario defiende un Estado mínimo, austero y limitado por normas que le impidan dar satisfacción a los grupos organizados en detrimento del ciudadano.

Democratizar la jefatura del Estado
Aunque no es una prioridad de su acción política ni hace bandera de esta cuestión, creemos que al término del actual reinado debería abrirse en la sociedad un debate sobre la reforma de la jefatura del Estado. Los libertarios preferimos instituciones plenamente democráticas y no compartimos la transmisión familiar de una institución pública, aunque sus funciones sean meramente simbólicas. Creemos que el mejor sistema para organizar el Estado es la república, y trabajaremos para sumar voluntades en su favor. Es necesario, en cualquier caso, que el jefe del Estado esté sujeto a responsabilidad jurídica como cualquier otro ciudadano.

Reformar el modelo territorial
Nos parece necesaria una profunda reforma del modelo territorial, y apuesta por una estructura realmente federal con un Senado que responda a esa nueva organización del país.

Derechos de la mujer.
Defendemos la plena igualdad de trato y consideración para hombres y mujeres. Denunciamos la visión paternalista con la que los partidos colectivistas de izquierda y derecha contemplan a la mujer. Creemos que la conciliación de la vida familiar y laboral es un objetivo de todos, no sólo de la mujer, y apuesta principalmente por las medidas de liberalización y flexibilización del trabajo, así como por la extensión del teletrabajo, como mecanismos para alcanzar estos objetivos. La violencia de género es una de las grandes lacras de nuestra sociedad y debe ser combatida de manera enérgica por los poderes públicos. Creemos que el Código Penal y las leyes ordinarias son los mecanismos adecuados para ello, y no pensamos que leyes específicas para este tipo de problemas tengan más sentido que el meramente propagandístico.

Derechos de gays, lesbianas, bisexuales y transexuales
Apoyamos decididamente la reforma legislativa que ha situado a España como uno de los países más avanzados en cuanto a los derechos y libertades de las personas homosexuales y bisexuales, y considera que este papel puntero de nuestro país es motivo de orgullo cívico. Nos opondremos resueltamente a cualquier involución futura en esta materia como consecuencia de la llegada al poder de partidos colectivistas de inspiración religiosa. Consideramos necesario continuar avanzando por el camino emprendido y eliminar los últimos elementos de discriminación a las personas homosexuales, bisexuales y transexuales.

Derecho de las personas a la libertad matrimonial
Consideramos que las personas tienen derecho a crear libremente organizaciones familiares, a través de un negocio jurídico contractual configurado a partir de la autonomía de voluntad de las partes firmantes, sin perjuicio de la existencia de normas de derecho necesario que garanticen la protección de los hijos menores integrados en la unidad familiar, así como los derechos e intereses de los miembros de cada unidad familiar en caso de disolución.

Derechos del discapacitado
Consideramos que la sociedad no puede perderse el aporte de las personas discapacitadas, y que los derechos y libertades de éstas requieren una defensa permanente. El objetivo es compensar la discapacidad física y eliminar las trabas y barreras que obstaculizan la dimensión social y profesional del discapacitado. Abogamos por una tutela eficaz del discapacitado psíquico, que tiene un derecho innegable a un entorno adecuado a su realidad individual específica.

Derechos del menor y de los padres
El menor de edad tiene derechos fundamentales cuya garantía corresponde prioritariamente a sus padres o tutores. Sin embargo, se dan en nuestra sociedad bastantes casos en los que el desempeño de esa función por los padres o tutores se encuentra fuertemente influenciado por su particular visión religiosa, que frecuentemente colisiona con los derechos del menor. Desde la mutilación genital de las niñas hasta la negación de transfusiones sanguíneas, son diversas las situaciones en las que el menor es rehén de las creencias místicas e irracionales de sus padres o tutores. Consideramos que en estos casos y otros similares deben prevalecer los derechos del menor. Nuestro partido sólo acepta en casos muy extremos y excepcionales la intervención del Estado en los asuntos privados de los ciudadanos. Este es uno de esos pocos casos, ya que no podemos permitir que los menores se vean sometidos a prácticas de diversa índole que atentan contra su integridad física o psíquica o contra sus derechos fundamentales.


Derechos del recluso
La pena privativa de libertad establece la reclusión de una persona en un determinado espacio físico y por un periodo de tiempo concreto. Sin embargo, hay toda una serie de condenas adicionales que deben ser reconsideradas. Por ejemplo, nada debe impedir a un recluso trabajar e incluso emprender dentro de los parámetros establecidos por la reclusión. Tampoco es justo limitar el acceso de los reclusos al mundo digital (salvo por necesidades de seguridad establecidas por resolución judicial). Las mínimas condiciones humanitarias de la reclusión deben contemplar el derecho a no convivir de forma obligatoria con otros reclusos, y el consiguiente derecho a celdas separadas, por pequeñas que deban ser por motivos de espacio. La integridad física y psíquica del recluso, que es un ciudadano bajo responsabilidad estatal, deben ser objeto de una tutela eficaz.

Derechos del paciente
Consideramos que en general es insuficiente la información que reciben los pacientes y sus familiares tanto en el sistema privado como en el público. Con frecuencia, se encuentran perdidos ante cuestiones complejas que no alcanzan a comprender, y la discrecionalidad de los médicos resulta tan excesiva como el apoyo corporativista que se prestan entre sí cuando se necesita dilucidar responsabilidades. Consideramos necesario garantizar el derecho a segunda opiniones, a una explicación sencilla de las patologías y de los tratamientos y a una plena información al paciente sobre su situación si así lo exige. El paciente tiene derecho a rechazar en cualquier momento cualquier tratamiento. También tiene derecho a escoger médico y centro asistencial, y este derecho se ve fundamentalmente obstaculizado por la persistencia del sistema sanitario público, que debe ser privatizado manteniendo mediante un sistema de cheques sanitarios las garantías de acceso universal a la atención médica. El paciente terminal tiene derecho a cuidados paliativos que reduzcan o idealmente anulen el sufrimiento, incluso mediante la administración de drogas no legalizadas. El paciente (y, en realidad, cualquier ciudadano) tiene derecho a decidir de antemano las circunstancias en las que deberá o no ser mantenido artificialmente con vida, y el sistema médico debe acatar y cumplir su voluntad con las más altas garantías jurídicas.

Nacionalidad, residencia y apatridia
Entendemos que la nacionalidad es un concepto obsoleto en un mundo que camina a un ritmo vertiginoso hacia la globalización. Apostamos por la rápida fusión de las nacionalidades europeas en una sola, pero nuestro objetivo último es caminar hacia la eliminación del propio concepto de nacionalidad. Es la residencia, y no la nacionalidad, la que debe generar todos los derechos y obligaciones del ciudadano. En este sentido, abogamos por extender los derechos políticos plenos, incluyendo el sufragio activo y pasivo para todas las elecciones, a todas las personas que residen legalmente en el país desde al menos dos años antes, exista o no reciprocidad.

Derogación de las normas que invaden nuestra soberanía
Hay normas estatales que invaden ilegítimamente la soberanía personal para obligar al individuo a actuar de forma que se proteja a sí mismo, amenazándole incluso con multas u otros castigos si no lo hace. Los casos más evidentes son la obligatoriedad de llevar el cinturón de seguridad en el coche o el casco en la motocicleta. Sin cuestionar la bondad de tales protecciones, entendemos que el Estado se extralimita de sus funciones cuando legisla reglas de esta naturaleza, y ejerce un paternalismo insufrible que convierte al ciudadano adulto en una especie de súbdito infantilizado. El Estado puede prohibirnos conductas que claramente atentan contra los derechos y libertades de otra persona, pero no obligarnos a actuar de determinada forma para protegernos a nosotros mismos. Los derechos no son obligaciones, y por tanto se pueden ejercer o no. Proponemos abolir todas las normas que merman nuestra soberanía individual sin proteger derecho alguno de otras personas.

Seguridad ciudadana y vial.
El Estado, que se ha reservado el monopolio del orden público y la seguridad ciudadana, debe cumplir esa función con auténtica eficacia, y debe serle exigible la compensación plena a las víctimas de su incompetencia en esta materia. La drástica reducción de las funciones y tareas del Estado debería llevarle a cumplir bien aquellas que le queden, como administrar justicia o mantener el orden público. Al mismo tiempo, es posible y deseable devolver a la sociedad civil algunas responsabilidades en este terreno, y apoyamos las experiencias que se pongan en práctica para ir reduciendo, también en este ámbito, las competencias del Estado. Pensamos que una de las más graves amenazas a la seguridad ciudadana es la inútil guerra contra la distribución y el consumo de drogas, y estamos seguros de que la legalización tendría un efecto muy positivo a medio plazo. Pensamos que los ciudadanos sin antecedentes penales tienen un derecho incuestionable a la defensa, tanto de su integridad física como de su propiedad; que su ejercicio de este derecho por cualquier medio, incluidas las armas de fuego así como a través de cualquier otro medio, debe estar garantizado; y que nadie puede obligarles a delegar plenamente en el Estado esa defensa siempre que esta defensa no incurra en la violación injustificada al derecho a la vida, libertad y propiedad de un tercero. Apoyamos una política de seguridad vial que no criminalice al ciudadano. Deseamos la eliminación de normas invasivas como la obligatoriedad del cinturón de seguridad y del casco en las motos. Pensamos que la eliminación de límites de velocidad es posible en determinadas vías y tramos, como en otros países. Creemos que la fiebre recaudadora de las administraciones públicas es la auténtica responsable de la persecución indiscriminada a la que se está sometiendo a los conductores.

El ciudadano frente al Estado
Nos molesta la pompa ostentosa y la ceremoniosa solemnidad del Estado, que claramente no entiende su papel: desde el presidente del Gobierno hasta el bedel del último ayuntamiento, los políticos y funcionarios no son más que los administradores de nuestra finca. Son ellos quienes nos deben a nosotros un trato particularmente respetuoso y no al revés. Proponemos una reforma de los usos, tratamientos y ceremonias para que se visualice realmente al político y al funcionario como servidores del ciudadano.

Los ciudadanos tienen un derecho inalienable a la objeción de conciencia frente a las obligaciones estatales que atenten contra sus planteamientos éticos, filosóficos o religiosos. En todo caso, el derecho a la objeción de conciencia, en la medida en que supone una excepción al principio de legalidad, sólo existirá en los casos en que se reconozca así por ley orgánica, expresamente y para cada caso concreto; ese derecho sólo debe reconocerse en supuestos tasados en los que exista una grave colisión con los principios ideológicos, filosóficos, religiosos o morales del individuo. En cambio, no debe reconocerse ese derecho a los funcionarios públicos en el ámbito de sus funciones, dado que la naturaleza de la relación funcionarial y su estricta sujeción al principio de legalidad excluye la posibilidad de invocar tal derecho en el ejercicio de la función pública.

Las lenguas
Creemos que las personas son libres de utilizar cualquier idioma que deseen, y que este derecho individual debe ser respetado con independencia de cuál sea la forma territorial del Estado. Respetando los arraigados sentimientos que muchas personas tienen respeto a su lengua, y la necesidad de proteger a los idiomas que se han visto históricamente maltratados, no podemos aceptar normas de ingeniería social que invadan la soberanía del individuo para imponerle o vetarle una u otra lengua en cualquier ámbito de su vida. No creemos que deba haber lenguas de primera y de segunda, ni en un sentido ni en el otro. Consideramos que debe abolirse el concepto de lengua oficial, y sustituirse en el ámbito de las administraciones públicas por el de lenguas de uso preferente, reconociendo el derecho de los ciudadanos a ser atendidos en su propia lengua siempre que ésta tenga un arraigo y uso social lo suficientemente relevante.

Derechos económicos
Creemos que el ser humano tiene un derecho innato a perseguir por medios lícitos su propio beneficio económico. El derecho a la propiedad es indisociable de la libertad y la dignidad humana, y cuando se pierde aquél se merma ferozmente éstas. Han fracasado una y otra vez cuantos han pretendido alcanzar una sociedad mejor sacrificando la libertad económica de los individuos y sustituyéndola por sistemas de planificación de la economía por parte del Estado. Consideramos que, junto al derecho a la propiedad, otros derechos económicos como el de libre intercambio de bienes y servicios, el de libre empresa y el de protección frente a la confiscación tributaria y frente al endeudamiento estatal (mediante topes preestablecidos) merecen ser objeto de una especial consideración y de una nítida garantía constitucional.

Derechos profesionales
Consideramos que el libre ejercicio de las profesiones es un derecho de quienes han superado los estudios correspondientes y están acreditados por la titulación respectiva. La colegiación obligatoria es una barrera injusta que perjudica a los nuevos ejercientes de muchas profesiones. Los colegios profesionales, y especialmente los de profesiones con colegiación obligatoria, son generalmente instituciones poco transparentes que operan con escasas garantías democráticas para el colegiado. Estas entidades han llegado a arrogarse el derecho de establecer límites a la ubicación de los establecimientos de sus miembros, a sus horarios y tarifas o a la publicidad de los profesionales. Todas estas limitaciones deben ser prohibidas por atentar frontalmente contra la libertad de los profesionales, y los colegios deben reconvertirse en organizaciones privadas sin carácter exclusivo. El P-LIB cree que la obligatoriedad de la colegiación debe ser abolida. Mención aparte merece la todopoderosa Sociedad General de Autores y Editores, cuyo desprestigio social es proporcional a sus muchos abusos. Apostamos por los registros de la propiedad intelectual y se propone abolir cualquier obligatoriedad de registrar obras en sociedades de autores o de hacerse socio de las mismas.

Derechos laborales
Creemos que, bajo la apariencia de derechos, los trabajadores han aceptado en realidad imposiciones que menoscaban su libertad. La peor de éstas es la obligación de negociar de forma colectiva sus salarios y sus condiciones laborales. Reivindicamos el derecho de los trabajadores a participar o no en colectivos de negociación. Igualmente, el derecho de huelga se ha convertido en realidad en una imposición a los trabajadores, y ha llegado el momento de afianzar el derecho tanto de quienes deseen secundar una convocatoria de huelga como de quienes opten por no hacerlo.

El P-LIB considera escandalosa la diferencia entre el coste de un empleo para la empresa y el salario que percibe el empleado. El Estado no debe injerirse en la libre decisión y acción empresarial mediante impuestos a la contratación de trabajadores. Dadas las actuales circunstancias, el P-LIB propone una drástica reducción de dichos impuestos hasta alcanzar su total eliminación. El trabajador debe recibir una información transparente sobre el coste de su empleo, que le permita visualizar el expolio al que tanto él como su empleador se ven sometidos por parte del Estado. Esto le permitirá comparar ese coste con los servicios estatales que recibe, y extraer sus propias conclusiones.

El trabajador autónomo, frecuentemente desatendido y maltratado por los sindicatos, debe acceder a la misma consideración y tener los mismos derechos y obligaciones que cualquier otro trabajador. El Partido Libertario simpatiza particularmente con las reivindicaciones de estos trabajadores que tantas injusticias han soportado en nuestro país. Respetamos y apoyamos cualquier fórmula de trabajo, pero valoramos especialmente el trabajo autónomo, el cooperativismo, la participación accionarial de los empleados y otras fórmulas de capitalismo popular que convierten al trabajador en empresario.

Los trabajadores tienen derecho a sistemas de previsión para el desempleo y para la vejez que realmente garanticen las prestaciones y satisfagan sus intereses. Para ello, el P-LIB opta por sistemas de capitalización individualizada. En el capítulo cuarto se trata con mayor profundidad esta propuesta. El Partido de la Libertad individual cree en la libre contratación y por tanto defiende también su contrapartida lógica, que es el mismo grado de libertad para la ruptura unilateral de esa contratación. Penalizar el despido equivale a penalizar la contratación. Al igual que proponemos para las contingencias de desempleo y jubilación, las indemnizaciones por despido deben financiarse con cargo a fondos de capitalización individual, que serán además acumulables a los de pensiones por jubilación y no se perderán en supuestos de cambio de empresa Pensamos que tanto el INEM como los servicios y agencias de empleo de las comunidades autónomas son ineficaces, están burocratizados y nos cuestan demasiado dinero. La alternativa es la devolución de sus funciones a la sociedad civil, que ya ha demostrado sobradamente su capacidad de ejercerlas a través de todo tipo de empresas de selección, de trabajo temporal y otras, además de las bolsas de empleo de las universidades, las asociaciones profesionales y otras instituciones.

El aborto
El P-LIB considera que el Estado debe ser neutro respecto a las decisiones morales de los ciudadanos que no afecten a otros. El P-LIB constata la falta de consenso existente en la sociedad respecto a la naturaleza del aborto, y afirma la libertad de las mujeres para tomar tan difícil decisión sin coacciones de ningún tipo durante la primera etapa de la gestación. El Partido Libertario exige un respeto escrupuloso al derecho del personal sanitario a la objeción de conciencia. Dada la inevitable coexistencia de posiciones personales frontalmente enfrentadas por esta cuestión, el P-LIB respeta la plena libertad de conciencia de sus afiliados y cargos electos respecto al aborto.

La eutanasia, el testamento vital y el suicidio
El individuo es propietario soberano del proceso biológico que llamamos vida. A él, y no a la sociedad, corresponde decidir en qué circunstancias desea que no se fuerce la continuidad precaria de su vida, y está en su derecho de dejar las instrucciones oportunas para ello mediante el llamado testamento vital o por otros mecanismos. La eutanasia activa y pasiva debe ser legalizada de forma que, con las mayores garantías jurídicas, las personas puedan escoger. El P-LIB aborrece los procesos en los que, contra la expresa voluntad de una persona, se la mantiene con vida en circunstancias de alto sufrimiento. Vivir es un derecho, hacerlo en condiciones precarias nunca puede ser una obligación. Por otro lado, entendemos que en condiciones psicológicas normales el suicidio es una opción libre de las personas, y repudiamos las disposiciones jurídicas que lo impiden.

Descolonización estatal de la actividad económica
El Partido Libertario rechaza la participación del Estado en la actividad económica, ya que es incompatible con su carácter de árbitro de la misma. La actual situación, en la que el aparato estatal es juez y parte simultáneamente, crea todo tipo de disfunciones. Entendemos que el Estado, como máximo y dentro de las consideraciones de nuestra política de transición, puede liderar y coordinar la puesta en marcha de algunas grandes infraestructuras, estableciendo el marco de participación del sector privado, que debe ser su artífice último, hasta conseguir la plena privatización de dichos servicios.

Privatización de las empresas públicas, los medios estatales, las cajas de ahorros y el juego
El Partido Libertario considera necesario emprender un camino rápido que en una sola legislatura elimine cualquier forma de actividad empresarial del Estado. Proponemos la salida a bolsa de todas las empresas públicas, y la eliminación de la SEPI, ya que el Estado no debe tener participaciones industriales de ninguna clase.

Liberalización de los servicios públicos y de las pensiones, con plenas garantías de universalidad y libertad de elección
Los partidos colectivistas, adictos al Estado y carentes de la creatividad necesaria para proponer soluciones no dirigistas, sostienen que la universalidad sólo es posible si es el propio Estado quien de manera directa presta los servicios y concede las prestaciones económicas. Sin embargo, la realidad existente en todos los países desarrollados es un agotamiento del Estado-providencia. El llamado “Estado del bienestar” se ha convertido en el bienestar del Estado, no de los ciudadanos. La gestión estatal de los servicios y prestaciones ha provocado un inmenso despilfarro, un crecimiento desmedido de las plantillas de funcionarios cuyos salarios y privilegios pagamos entre todos, una escasa o nula libertad de elección por parte de los ciudadanos, una mediocridad generalizada de los servicios (debida a diversas causas pero principalmente a la ausencia de competencia y de incentivos) y una cuantía miserable de las prestaciones. Este no es nuestro modelo. Asegurando la universalidad como política transitoria hasta la completa eliminación de la injerencia estatal, los libertarios proponemos otro.

Sanidad, educación y otros servicios
El P-LIB propone privatizar (es decir, devolver a la sociedad civil) el sistema educativo y sanitario y los demás servicios públicos, salvo aquellos que forman parte inherente de las tareas del Estado: registros, mantenimiento del orden público y algunos otros. Las organizaciones de la sociedad civil encargadas de gestionar la sanidad, la educación y otros servicios pueden ser lucrativas (empresas de todo tipo, incluyendo cooperativas) o no lucrativas (fundaciones, ONG, etc.). Corresponde a sus fundadores decidir cómo desean organizarse. Normalmente, será la industria aseguradora quien organice la prestación colectiva de los servicios, dentro de unos parámetros de competencia entre entidades aseguradoras. Los ciudadanos deben tener libertad plena de escoger los servicios que deseen, y deben atender al menos la cuota mínima de la aseguradora escogida. Los seguros de sanidad, de educación de los hijos, de asistencia jurídica y de otros servicios básicos, son más eficaces que el Estado. Al competir entre sí (pudiendo el ciudadano cambiar de uno a otro cuando quiera), necesariamente bajarán los precios y mejorará su servicio.

El Estado debe mantener una posición arbitral y supervisora, velando por el correcto cumplimiento de los contratos y por la libre competencia entre prestadores. Con cargo a un fondo fiscal de solidaridad, el Estado pagará por los ciudadanos que no puedan hacerlo la cuota de los seguros esenciales, incluyendo el sanitario y el educativo. Esas aportaciones, en forma de cheques o bonos canjeables por servicios, deberán ser devueltas al menos en parte cuando la persona ayudada venga a mejor fortuna, para así emplear esos fondos en la ayuda a otros ciudadanos.

Seguros y pensiones.
El mismo sistema es aplicable a los seguros de desempleo, de incapacidad laboral y otros, y desde luego a las pensiones de jubilación. En el actual sistema de pensiones, denominado “de reparto”, son los trabajadores en activo quienes soportan la carga económica de los mayores. Esto crea grandes incertidumbres ya que la pirámide de la población no es siempre la misma. Además, el Estado es manifiestamente incapaz de mantener el valor de las cantidades cobradas a lo largo de la vida laboral de los trabajadores.

El Estado pagará la cuota de aquellas personas que temporal o permanentemente se vean incapacitadas para contribuir a su fondo personal. Esas personas deberán devolver al menos una parte de esas aportaciones si vienen a mejor fortuna. La edad de jubilación se flexibilizará, el capital acumulado será heredable y podrá convertirse en una renta vitalicia o utilizarse (parcialmente) para iniciar un negocio o como garantía crediticia. Las personas serán libres de aportar más de lo obligatorio para así mejorar su futura pensión o adelantar su jubilación.

Los ciudadanos dejarán de percibir las contribuciones como dinero regalado al Estado, como una especie de impuesto, y podrán visualizar mes a mes el avance de su capitalización, la futura pensión a percibir y otros datos de interés, pudiendo cambiar libremente de entidad gestora en un marco de libre competencia entre éstas. Las entidades gestoras no responderán, en caso de quiebra, con los fondos gestionados sino solamente con su patrimonio privativo.

Para quien quiera el texto completo, aquí tiene el link al pdf (85 páginas)
http://www.p-lib.es/wp-content/uploads/ ... igente.pdf

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Opinión personal sobre el liberalismo:
El liberalismo parte de la igualdad jurídica y la igual libertad, todos somos libres de realizar los actos que queramos mientras no infrinjamos los derechos de los demás, derechos que partirán del respeto a la libertad del resto. Concibo el liberalismo como una filosofía basada en la libertad y en la necesaria cooperación voluntaria entre individuos que persiguen fines distintos y cuyo trabajo conjunto da como resultado riqueza y bienestar general.

El liberalismo es el siguiente paso de la democracia en la búsqueda por la verdadera justicia social, nuestros antepasados consiguieron romper con las cadenas de la opresión de las monarquías absolutistas, los imperios y los regímenes dictatoriales donde una sola persona dirigía a su antojo las vidas de los demás para pasar a un sistema bastante más justo donde la opinión de la mayoría, o al menos de las mayorías organizadas, se impongan frente al resto. Pero lógicamente nos hemos quedado a medias, permitiendo que la opinión de la mayoría o de mayorías organizadas se imponga frente a los derechos más básicos del resto, como la libertad. Una mayoría del 90% podría legalizar el asesinato del otro 10%, incluso declarándolo derecho constitucional, y no por ello lo hace más justo ni moral, no podemos declarar la libertad y la igualdad como valores supremos y derechos humanos fundamentales y luego aplicarlos de manera limitada, pues ni todos somos iguales en cuanto a derechos (quien mas gana más limitado ve su derecho de propiedad) ni todos somos realmente libres, aunque nuestros actos no afecten los derechos de los demás.

La sociedad no es un fin en sí mismo, sino un medio para lograr un fin, la felicidad de cada individuo.