En las últimas horas el Gobierno de España ha enviado a Bruselas una actualización del Programa de Estabilidad y del Plan de Presupuesto 2018-2021 donde se incluyen una serie de nuevas figuras tributarias. Entre ellas destaca un impuesto que tiene como objetivo gravar a las grandes compañías tecnológicas que ofrecen servicios digitales como Facebook y Google.
Todo parece indicar que el nuevo tributo se inspira en el impuesto que el pasado mes de marzo puso sobre la mesa la Comisión Europea y que actualmente aún se está negociando para su implementación en toda la Unión. Desde Europa se propone gravar al 3 % los ingresos derivados de los servicios digitales, incluyendo los generados por la venta de espacios publicitarios, los originados a partir de las actividades de intermediarios digitales que facilitan la venta de bienes y servicios y los nacidos de la venta de datos obtenidos de información aportada por el cliente. Actividades que son la base de Google, Facebook y otras compañías como Airbnb.
Las empresas afectadas deben registrar como mínimo unos ingresos anuales globales de 750 millones de euros de los cuales al menos 50 millones tengan su origen en la Unión Europea. Pero el consenso comunitario aún está lejos. Varios Estados incluyendo Francia, Italia, Portugal, Eslovaquia, Bulgaria, Polonia y España se muestran a favor del plan, pero otros como Irlanda, Luxemburgo, Malta y los países nórdicos se oponen. Ante esta falta de acuerdo y la necesidad de cubrir parte del déficit que deja el próximo aumento de las pensiones que exige el PNV para aprobar los presupuestos, el Gobierno de Rajoy ha decidido no esperar e ir a la suya.
Si el plan presentado por España se cumple a la perfección el Gobierno recaudará cada año, incluyendo el actual, 600 millones de euros gracias al nuevo impuesto a las grandes empresas tecnológicas. Las compañías digitales ya han acusado al ejecutivo español de improvisar y le critican la tramitación exprés de un impuesto que según ellos no goza de un amplio consenso de países.
