La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, reveló este jueves en el Senado los detalles sobre el nuevo impuesto que busca gravar los ingresos derivados de los servicios digitales que ofrecen compañías como Google y Facebook. La iniciativa es prácticamente idéntica a la presentada en mayo por el anterior Gobierno, pero con una modificación de última hora que tiene como objetivo apresar a las grandes plataformas de Internet, cuya facturación en España está por debajo de los límites que recomienda la Unión Europea (UE).
Siguiendo las directrices de Bruselas, el Gobierno ha decidido gravar los ingresos de las compañías tecnológicas cuya facturación anual global sea superior a los 750 millones de euros con un tipo del 3 %. La UE también propone que la aplicación de este impuesto esté sujeta a una “presencia digital relevante”, cuya existencia se da cuando la empresa factura en el país más de 7 millones de euros. Este mínimo libraría de pagar el nuevo impuesto a varias compañías, así que Hacienda ha decidido alejarse de la propuesta de Bruselas y rebajar esta cifra hasta los 3 millones de euros.
Según La Información, en España durante el 2017 Uber facturó 2,8 millones de euros y Airbnb 2,9 millones de euros, por lo que se espera que el próximo año crucen el umbral propuesto por Hacienda. Por su parte, Twitter registró una actividad de 4,4 millones de euros y LinkedIn rondó los 6 millones de euros. Ninguna de estas compañías tendría que pagar el futuro gravamen si el Gobierno de España hubiera seguido las recomendaciones de la Unión Europea. De momento se quedan fuera BlaBlaCar y PayPal que declaran una actividad que ronda el millón de euros.
El impuesto a la tecnológicas se tramitará como una proposición de ley, así que deberá conseguir el apoyo en las Cortes Generales para salir adelante. De momento el Gobierno no ha avanzado cuánto prevé recaudar con el nuevo tributo.
