Según ha señalado Arriola, el texto contemplará "definiciones, requisitos y niveles de automatización de los vehículos para dar un soporte jurídico", pero manteniendo la flexibilidad necesaria para poder adaptarlo a los cambios que sin duda se producirán en un sector llamado a experimentar toda una revolución en los próximos años. Nadie sabe qué clase de avances o tecnologías podrán incorporarse a lo largo de la próxima década, por lo que la normativa deberá tener en cuenta su posible ampliación para abarcar nuevos tipos de vehículos, sistemas de conducción e incluso usos.
Lejos de limitarse a decir qué podrán y no podrán hacer los coches con tecnología de conducción autónoma que circulen por las carreteras españolas, el nuevo reglamento en el que trabaja la DGT busca "dotar de mayor seguridad jurídica a compradores y usuarios de estos vehículos". Es difícil cuantificar o predecir el impacto que tendrán las tecnologías de automatización de la conducción a efectos de seguros y posibles accidentes, así que posiblemente este será uno de los puntos potencialmente más espinosos y que serán sometidos a un mayor escrutinio.
Hasta ahora la DGT ha mantenido un silencio bastante relativo, pero el desembarco de coches como el Model S, que incorpora de serie el sistema de conducción asistida Autopilot, ha hecho necesario pisar el acelerador para que la transición sea lo más rápida y fluida posible. Con todo, es posible que se produzcan retrasos. Las cosas de palacio van despacio, y esto es algo que sabe el propio Arriola, que cuenta con que la aprobación del reglamento se pueda retrasar a 2017 o 2018.
Como referencia, Ford y Volkswagen se han propuesto 2021 como año para lanzar coches autónomos para su uso en servicios de transporte compartido.
La inesperada ventaja de España
A pesar de que España no se caracteriza por su prontitud a la hora de aprobar nuevos reglamentos para regular innovaciones tecnológicas (cosa que bien saben los aficionados a los drones, que claman desde hace tiempo por una normativa actualizada), el coche autónomo podría comenzar a circular con todas las garantías legales mucho más pronto de lo que cabría suponer.
España tiene en este aspecto una cierta ventaja frente a gran parte de la Unión Europea debido a que no es signataria de la Convención de Viena sobre la Circulación por Carretera, un tratado de 1968 que especifica que los vehículos en movimiento deben tener un conductor. La legislación española en materia de tráfico se basa en este documento, pero al no haberlo ratificado es posible modificar la ley con mayor independencia.
Las autoridades españolas tienen por tanto una oportunidad dorada para crear una normativa propia que facilite el despliegue de los coches autónomos antes que en otros países europeos, sacando partido incluso a tecnologías novedosas como el superpreciso sistema de navegación europeo Galileo. Más adelante es de imaginar que la Unión Europea contará con un marco armonizador que regule su circulación en todos los estados miembros, pero su tramitación requerirá de no pocas negociaciones y podría necesitar un largo periodo de gestación.