Según el informe, en 2016 hubo 4.128 millones de “accesos ilegales” a contenidos, un 4,2% menos que en 2015, por valor de 23.294 millones de euros (-3,2%), pero aumentó un 6,8% el lucro cesante (la hipotética ganancia que se produciría si la “piratería” no existiera) sufrido por las industrias culturales y de contenidos, alcanzando los 1.783 millones de euros. “La situación demuestra que las medidas legislativas tienen una incidencia positiva pero los resultados de su aplicación siguen siendo insuficientes”, afirma Carlota Navarrete, directora de la Coalición.
El cine es el campo que más accesos no autorizados registra con un 32%, seguido por series (27%), música (26%), libros (22%), videojuegos (12%) y fútbol (10%). Estamos ante un descenso en todos los sectores a excepción de los libros y la música. Según estos datos los españoles accedieron de forma alegal a 789 millones de películas, 959 millones de capítulos de series, 1.661 millones de contenidos musicales, 374 millones de libros, 223 millones de videojuegos y 122 millones de partidos de fútbol.
El 47% de los consumidores que acceden a estos contenidos lo justifican argumentando que “los contenidos originales son muy caros”. Además, entre los motivos expuestos destacan la “rapidez y facilidad de acceso” (42%); “ya pago mi conexión a internet” (47%); “no pago por un contenido que posiblemente luego no me guste” (37%); “no estoy haciendo daño a nadie” y “no hay consecuencias legales para el que piratea, o lo hago porque no pasa nada” (24%).
La Coalición destaca que un 78% de los usuarios accede a los contenidos mediante un buscador (9 de cada 10 usan Google) y que más de un 67% de las webs desde las que se accedió sin autorización a contenidos están financiadas por publicidad (el 37,6% corresponde a productos de consumo de “marcas de prestigio”). Los usuarios que han pagado alguna vez por el contenido que ha descargado de estas páginas alcanza el 11% (fue el 9% en 2015 y era solo el 5% en 2014).
Para el 68% de los internautas la medida más eficaz para detener el acceso no autorizado a los contenidos sería bloquear el sitio web que los ofrece. Se trata de una acción que ya se aplica en España a pesar de que en otros países se ha resaltado su ineficacia.
