Estos días ha vuelto a surgir el eterno rumor del canon a las conexiones de banda ancha, una vieja aspiración de las entidades de gestión que acusan a las telecos de lucrarse con el intercambio de archivos y las descargas. En este caso la fuente de la noticia es el abogado que ganó el juicio europeo contra el canon, citando una información del Ministerio de Cultura según la cual la reforma del canon pactada con PP y CiU incluirá el nuevo impuesto.Pero el tema no es tan sencillo, sobre todo si la reforma del canon ha de hacerse en los próximos 3 meses como se ha acordado. Actualmente el Gobierno puede modificar mediante orden ministerial el listado de dispositivos y soportes sujetos al canon, así como los importes correspondientes, pero la Ley de Propiedad Intelectual dice claramente que solo podrán ser gravados equipos, aparatos y soportes materiales, excluyéndose por tanto los servicios de telecomunicaciones.
Por otro lado, un nuevo impuesto de este tipo legitimaría todavía más la descarga e intercambio de archivos no autorizados y dificultaría las futuras acciones contra los usuarios, las cuales ya ha solicitado la industria para el más que probable caso de que la Ley Sinde sea ineficaz.
