De acuerdo con Durov, "hemos dejado claro que las direcciones IP y números de teléfono de aquellos que infringen nuestras normas pueden ser desvelados a las autoridades correspondientes en respuesta a solicitudes legales [...] Si Telegram recibe una orden válida de las autoridades judiciales pertinentes que confirman que eres sospechoso de actividades criminales que infringen los Términos de Servicio de Telegram, realizaremos un análisis legal de la solicitud y podríamos comunicar tu dirección IP y número de teléfono".
El ejecutivo asegura que estas medidas "deberían desalentar" a los usuarios que esperan utilizar Telegram con fines ilícitos, y particularmente una función de búsqueda "que tiene por propósito encontrar amigos y descubrir noticias, no promover contenidos ilegales".
Durov, recordemos, se encuentra en libertad tras pagar una fianza de cinco millones de euros mientras se investiga su complicidad en virtualmente todo acto delictivo cometido a través de Telegram, acusado de tolerarlos con una política de moderación reacia a la retirada de contenidos protegidos y calculadamente laxa.
Esta medida se suma a otras, como la posibilidad de moderar las conversaciones privadas de los usuarios de Telegram y no solo los contenidos de los grupos. Probablemente no serán las únicas, y es que Telegram tiene numerosos frentes abiertos tras años de un crecimiento que en palabras de la compañía desbordó sus capacidades de gestión, acumulando una base de usuarios que ya supera los 1.000 millones.