Las sanciones, que ya fueron paralizadas provisionalmente por un juez a instancias de Xiaomi, impedían que inversores estadounidenses pudieran participar en la compañía, y podrían haber tenido implicaciones importantes de cara a la distribución de sus productos en el país mediante organizaciones filiales.
Xiaomi defendió su inocencia en todo momento, asegurando "[no ser] propiedad, estar controlado ni afiliado con el ejército chino, y no ser una 'Compañía Militar Comunista China' como se define bajo la NDAA (National Defense Authorization Act )". Los dos cofundadores de la empresa retienen el 75% de los votos, por lo que desde Xiaomi se afirma no cabe la posibilidad de que compañías pantalla la estén manejando desde las sombras como se acusa a otras firmas (tal es el caso del fabricante de cámaras de seguridad HikVision, también sancionada por el Departamento de Defensa).
De acuerdo con un comunicado oficial reproducido parcialmente por la agencia de noticias Bloomberg, "las partes han aceptado resolver este litigio" sin llegar a mayores, resolviendo que antes del 20 de mayo firmarán alguna clase de documento que permitirá asentar la situación legal de Xiaomi.
La introducción de Xiaomi en la lista negra del Departamento de Defensa tuvo lugar durante la etapa Trump, que determinó que el fabricante chino era una pieza más en la "estrategia de fusión militar-civil" del país. Dicho castigo era independiente del impuesto a Huawei (aunque también estuviera sancionada por el Departamento de Defensa), cuyas sanciones dependen del Departamento de Comercio y no parece que vayan a ser retiradas a corto ni medio plazo.